La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua presenta denuncias por tráfico de influencias y otros delitos tras la intervención de la FGJCDMX que impidió la captura del exgobernador Javier Corral
La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ha presentado dos denuncias por presunta obstrucción a la justicia, señalando a quien resulte responsable de frustrar el arresto del exgobernador Javier Corral, quien es investigado por el delito de peculado con penalidad agravada. Según un comunicado emitido el 22 de agosto, las denuncias fueron interpuestas contra funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que habrían intervenido en el intento de captura realizado la noche del 14 de agosto en un restaurante de la colonia Roma, en la Ciudad de México.
El organismo autónomo chihuahuense acusó a Ulises Lara López, encargado de la FGJCDMX, de haber actuado junto a un grupo de agentes, algunos de ellos sin identificación oficial, para impedir la ejecución de la orden judicial emitida contra Corral. El comunicado señala que la intervención de Lara y sus agentes constituye una clara obstrucción de la justicia y denuncia la comisión de delitos como tráfico de influencias, evasión, abuso de autoridad, y desobediencia.
En respuesta, la FGJCDMX presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, alegando que la tentativa de arresto de Corral fue “ilegal”. Ante esto, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua interpuso dos querellas: una en la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR, y la otra en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México.
“Estos hechos, inéditos e inusitados, representan una violación al Estado de Derecho y deben ser investigados con objetividad, imparcialidad y sin influencias políticas”, enfatizó Abelardo Valenzuela, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua. Valenzuela reiteró la confianza de su dependencia en que los responsables serán llevados ante la justicia para responder por los delitos imputados.
El origen de esta controversia se remonta a la noche del 14 de agosto, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Corral, investigado por un presunto desvío de 98 millones 600 mil pesos en su gestión como gobernador. Sin embargo, la intervención de Ulises Lara y sus subordinados frustró el arresto, argumentando que la acción de los agentes chihuahuenses carecía de legalidad y tenía tintes políticos.
Lara, en declaraciones del 19 de agosto, defendió su intervención, afirmando que la operación liderada por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no formaba parte de los acuerdos de colaboración entre procuradurías. “Evitamos una detención ilegal”, sostuvo, aclarando que aunque se había recibido una solicitud de colaboración, los agentes de Chihuahua ya realizaban “labores de inteligencia” en la Ciudad de México desde dos días antes del operativo, lo que calificó como “acciones irregulares”.
El conflicto entre ambas fiscalías ha escalado a nivel nacional, generando un intenso debate sobre la legalidad y las motivaciones políticas detrás de las acciones de ambos organismos. El caso de Javier Corral, ahora prófugo y próximo a asumir un escaño en el Senado por Morena, se ha convertido en un emblema de las tensiones entre las autoridades estatales y federales en el contexto de la lucha contra la corrupción.
Las autoridades involucradas continúan en la mira de la opinión pública y la comunidad jurídica, mientras se espera que las investigaciones determinen el curso de acción legal correspondiente y se clarifique si hubo abuso de autoridad o tráfico de influencias por parte de Ulises Lara y su equipo.