Elementos de la Guardia Nacional en México. Foto: Notimex / Wikimedia Commons, CC BY 3.0.
La violencia y la inseguridad provocaron 77% del desplazamiento interno registrado en México entre octubre de 2020 y octubre de 2025, según la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi. El fenómeno alcanzó a 509 mil 917 hogares, una cifra que obliga a revisar la respuesta pública porque el país todavía carece de una ley general específica para atender a quienes abandonan su residencia sin cruzar una frontera.
El desplazamiento interno en México ya tiene una medición nacional
La nueva medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía identificó 661 mil 769 hogares donde al menos uno de sus integrantes fue obligado a cambiar de residencia. De ese total, 509 mil 917 casos se relacionaron con inseguridad delictiva o violencia y 151 mil 852 con catástrofes naturales o de origen humano.
El 77% se obtiene al comparar los hogares desplazados por violencia con el total reportado por ambas causas. Sin embargo, el resultado no equivale al número individual de personas que huyeron: la unidad de medición es el hogar en el que por lo menos un integrante se desplazó. El sistema de consulta del Inegi permite revisar los porcentajes por entidad y distingue entre violencia y desastres.
La encuesta fue levantada en más de 7.3 millones de viviendas y tiene representatividad nacional, estatal y municipal. También constituye la primera estadística oficial de este alcance dedicada de forma expresa al desplazamiento forzado interno. Hasta ahora, distintas organizaciones habían construido estimaciones a partir de episodios masivos, reportes comunitarios y seguimiento periodístico, con metodologías que no son directamente comparables.
Guerrero encabeza el total, pero la causa cambia por estado
Al sumar violencia y catástrofes, Guerrero mostró la mayor proporción de hogares afectados, con 3.42%, seguido de Morelos, con 2.4%, y Baja California Sur, con 2.35%. En Guerrero, no obstante, pesaron más los desastres: 21 mil 126 hogares frente a 16 mil 213 vinculados con inseguridad o violencia.
Cuando se observa únicamente la violencia, Zacatecas llegó a 2.15% de sus hogares y Michoacán a 2.14%, mientras Morelos registró 2.11%. La distribución confirma que el fenómeno no se limita a una región y acompaña focos persistentes de inseguridad. En este sitio ya se ha documentado cómo la crisis de Sinaloa tensiona el discurso oficial, y que la reducción nacional de homicidios convive con una concentración de la violencia en siete estados.
El gobierno cuestionó la cifra, mientras la ley sigue pendiente
Un día después de la presentación de la encuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar con el Inegi la pregunta y la interpretación de los resultados. En su conferencia del 23 de septiembre, señaló que Guerrero aparecía en primer lugar porque la medición sumaba desplazamientos por fenómenos meteorológicos y por inseguridad.
La aclaración es válida para evitar mezclar causas distintas, pero no elimina el dato central: más de medio millón de hogares reportaron desplazamiento vinculado con violencia. El reto institucional consiste en transformar esa medición en prevención, protección, vivienda temporal, retorno seguro y reparación, con presupuestos y responsabilidades verificables.
Ese marco nacional continúa incompleto. La Cámara de Diputados aprobó en 2020 una ley general para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, pero la minuta quedó detenida en el Senado. Una proposición legislativa de 2025 pidió reactivar el proceso. Mientras tanto, la respuesta depende de capacidades fragmentadas entre entidades y municipios.
Datos oficiales exigen una política medible
La publicación de cifras comparables crea una base para evaluar a las autoridades. Los programas de seguridad no sólo deberían reportar detenciones o variaciones en homicidios, sino también cuántos hogares pueden regresar, reubicarse o recuperar condiciones de vida. El reciente plan de seguridad de Morelos sin presupuesto definido muestra por qué los anuncios requieren metas y recursos públicos.
El desplazamiento interno en México deja de ser un fenómeno estadísticamente invisible, pero la medición no resuelve la crisis. El siguiente paso corresponde al Ejecutivo y al Congreso: separar con precisión violencia y desastres, atender a las familias y establecer una política nacional cuyo cumplimiento pueda auditarse.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
