En una sesión maratónica y marcada por intensos debates, los diputados avalaron la reforma de AMLO, que otorga control militar sobre la Guardia Nacional, ampliando su papel en la seguridad pública.
En un acalorado debate, la Cámara de Diputados aprobó el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, abriendo la puerta a una mayor participación del Ejército en tareas de seguridad pública. La oposición denunció la “militarización” del país.
En una sesión que se extendió por más de 16 horas, la Cámara de Diputados aprobó, entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que transfiere el control total de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Este cambio otorga al Ejército un papel preponderante en la seguridad pública, lo que ha generado un profundo debate político sobre el futuro de la militarización en México.
El dictamen fue aprobado en lo general con 362 votos a favor, respaldados por los legisladores de Morena y sus aliados, mientras que los partidos de oposición votaron en bloque con 133 votos en contra. Posteriormente, en la madrugada, se dio luz verde al proyecto en lo particular, con 353 votos a favor, 126 en contra y ninguna abstención.
Modificación del artículo 129 de la Constitución
El principal cambio propuesto en la reforma es la modificación del artículo 129 de la Constitución, que desde 1857 ha limitado las funciones de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. La reforma permite que los militares, además de asumir el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, participen de manera activa en la persecución e investigación de delitos, una facultad tradicionalmente reservada a las autoridades civiles.
Con esta modificación, la Guardia Nacional, que cuenta con más de 120 mil elementos, pasará a estar bajo la completa administración de la Sedena. Este cuerpo de seguridad fue creado en 2019 por López Obrador con la premisa de ser una fuerza civil que ayudara a combatir la violencia, pero en menos de cuatro años ha transitado hacia una estructura predominantemente militar.
Reacciones a favor y en contra
Las bancadas de oposición, encabezadas por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), criticaron duramente la reforma, acusando al presidente López Obrador de encaminar al país hacia una creciente militarización. Argumentaron que esta reforma anula los principios democráticos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, mientras que no ofrece soluciones efectivas para enfrentar la violencia y la inseguridad que aquejan al país.
Patricia Mercado Castro, diputada de Movimiento Ciudadano, fue una de las voces más críticas al señalar que “militarizar la seguridad pública no resolverá el problema de la violencia, solo eliminará los controles democráticos”. Según Mercado, el enfoque de la reforma debilita las garantías de los ciudadanos y no ataca las causas estructurales del crimen organizado.
Por su parte, el bloque oficialista de Morena, en voz de la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, defendió la iniciativa argumentando que es un paso necesario para fortalecer la seguridad nacional. Según Ayala Leyva, la Guardia Nacional bajo la dirección de la Sedena garantizará una estrategia sólida para recuperar el control de territorios donde el crimen organizado ha impuesto su ley. Señaló que la disciplina y experiencia del Ejército son esenciales para una respuesta eficaz ante la creciente inseguridad.
Un futuro inmediato en el Senado
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, la reforma será enviada al Senado para su discusión y eventual aprobación. Se espera que el proceso legislativo sea ágil, tal como sucedió con la reciente reforma al Poder Judicial impulsada también por el gobierno de López Obrador.
El debate en el Senado será igualmente ríspido, con la oposición buscando frenar el avance de una reforma que consideran peligrosa para la democracia mexicana. No obstante, el bloque oficialista tiene la mayoría suficiente para aprobar la iniciativa sin mayores contratiempos.
Un nuevo capítulo en la seguridad pública de México
Este traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena marca un punto de inflexión en la política de seguridad pública del país. Mientras los defensores de la reforma aseguran que fortalecerá la capacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado, sus detractores advierten que representa un retroceso democrático y un riesgo para los derechos humanos.
Con la creciente violencia en varias regiones del país, el gobierno de López Obrador ha apostado por una estrategia militarizada, desestimando las críticas que insisten en la necesidad de fortalecer las instituciones civiles. La aprobación final en el Senado determinará si esta estrategia será la norma en los próximos años, con implicaciones profundas para el futuro de la seguridad y la democracia en México.