La Asamblea Nacional aprobó una resolución que apoya la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, aunque la decisión no es vinculante para el Ejecutivo.
En un movimiento que refuerza el rechazo regional al régimen de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una resolución no vinculante que exhorta al presidente Daniel Noboa a solicitar formalmente a la Corte Penal Internacional (CPI) la emisión de órdenes de detención contra el mandatario venezolano por crímenes de lesa humanidad. Con 79 votos a favor y sin el respaldo de la bancada afín al expresidente Rafael Correa, el pleno del Congreso se unió a las iniciativas de otros países de la región para apoyar la investigación sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela.
Compromiso con la justicia internacional
Ecuador, miembro de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma desde 1998 y que ratificó el tratado en 2002, mantiene un compromiso activo con la CPI para el juzgamiento de delitos como crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. La resolución aprobada por el parlamento ecuatoriano reafirma este compromiso, instando a que el país juegue un papel más decisivo en la denuncia de las atrocidades cometidas bajo el gobierno de Maduro.
En los considerandos de la resolución, la Asamblea recordó que diversos informes internacionales, entre ellos los elaborados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Panel de Expertos Independientes, han documentado exhaustivamente las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Los informes detallan crímenes como asesinatos, torturas, encarcelamientos arbitrarios, persecuciones políticas, violaciones y desapariciones forzadas, todos clasificados como crímenes de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma.
Un llamado internacional
Desde 2017, varios gobiernos y parlamentarios han solicitado a la CPI investigar la crisis venezolana. En 2018, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú formalizaron esta solicitud ante la Fiscalía de la CPI, y ahora Ecuador se suma a esos esfuerzos. La Asamblea Nacional ecuatoriana instó a Noboa a sumarse a esta acción para garantizar que las investigaciones avancen con mayor eficacia, con el objetivo de evitar que los crímenes de lesa humanidad continúen en Venezuela.
La resolución también exhorta a que se promueva la incautación y decomiso de los bienes y activos de Nicolás Maduro y sus allegados, con el fin de reparar a las víctimas de estos crímenes. Asimismo, el Congreso pidió que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador colabore activamente con la CPI para respaldar la justicia internacional y la rendición de cuentas en Venezuela.
Apoyo internacional y postura de Ecuador
El texto aprobado también hace eco de la postura de líderes internacionales, incluyendo a varios expresidentes de América Latina y Europa, quienes han respaldado los informes que denuncian violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela. Esta resolución, aunque no vinculante, refleja la postura oficial de la Asamblea Nacional frente a la crisis venezolana, que ha generado millones de refugiados y ha sido condenada en numerosos foros internacionales.
El gobierno de Daniel Noboa, que ha sido crítico de las violaciones de derechos humanos en Venezuela, ya había anunciado su intención de abordar la situación en ese país ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su próxima sesión, haciendo hincapié en el impacto regional que podría derivarse de la inestabilidad venezolana.
Orden de detención contra Milei y el contexto regional
La aprobación de esta resolución por parte del Congreso ecuatoriano se da en un momento de creciente tensión entre la comunidad internacional y el régimen de Maduro. Apenas un día antes, se conoció que la dictadura venezolana había emitido órdenes de detención contra el recién electo presidente de Argentina, Javier Milei, su hermana Karina Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Esta medida se da en respuesta a los pedidos de fiscales argentinos para investigar y capturar a Nicolás Maduro y su mano derecha, Diosdado Cabello, quienes han sido acusados de secuestros, torturas y ejecuciones en Venezuela.
Esta escalada en la confrontación entre Argentina y Venezuela subraya la gravedad de la situación en el país caribeño y refuerza los llamados de varios gobiernos latinoamericanos para que la CPI intervenga con mayor firmeza.
Conclusiones y próximos pasos
Aunque la resolución ecuatoriana no obliga a Noboa a seguir las recomendaciones del Congreso, marca una línea clara de apoyo a los procesos internacionales que buscan justicia para las víctimas de la dictadura venezolana. La actuación de Ecuador, en el marco de la CPI y del Consejo de Seguridad de la ONU, será crucial para evaluar si la presión diplomática y legal puede ayudar a resolver una de las crisis más profundas en la historia reciente de América Latina.