La ONU denuncia que el régimen de Maduro imputó a 158 niños por “terrorismo” tras protestas

Un informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la ONU revela el aumento de la represión en Venezuela. Además de detenciones arbitrarias, se documentaron casos de tortura y violencia sexual.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela presentó este viernes, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), su más reciente informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano. Entre los datos más alarmantes, el documento confirmó la detención de 158 niños durante las protestas contra el fraude electoral del gobierno de Nicolás Maduro. Los menores fueron imputados con los cargos de “terrorismo” e “incitación al odio”.

Marta Valiñas, presidenta de la Misión, subrayó que estas detenciones forman parte de un patrón sistemático de represión que se ha intensificado en los últimos meses. “En el período que va desde el 1 de septiembre de 2023 hasta agosto de 2024, se ha producido un agravamiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela”, explicó Valiñas. “La maquinaria represiva del Estado continúa provocando violaciones a los derechos humanos y el riesgo de una desintegración del Estado de Derecho es muy alto”, agregó.

El informe denuncia que las acciones represivas del régimen de Maduro tienen como objetivo silenciar a la oposición política. En ese contexto, la Misión de la ONU constató 25 muertes durante las protestas postelectorales, además de múltiples desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otros tratos inhumanos.

Crímenes de lesa humanidad

Valiñas advirtió que varias de estas violaciones “representan crímenes de lesa humanidad”. La represión desatada en Venezuela no solo afecta a los manifestantes adultos, sino que ha tenido un impacto devastador sobre los más vulnerables: niños y niñas fueron detenidos y sometidos a procesos judiciales que, según el informe, “violaron sistemáticamente las garantías básicas del debido proceso”. Entre los menores detenidos se incluyen aquellos con discapacidades, quienes también fueron acusados de delitos graves como “terrorismo” e “incitación al odio”.

Métodos de tortura y violencia sexual

La Misión documentó cientos de detenciones arbitrarias y decenas de casos de desapariciones forzadas. Además, se identificaron métodos de tortura empleados por las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia venezolanos. Los detenidos fueron sometidos a golpes con planchas de madera y bates envueltos en espuma, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación forzada del sueño.

Asimismo, el informe denunció un aumento en la violencia sexual y basada en género, en especial en los centros de detención. Entre las prácticas documentadas se incluyen manoseos, desnudez forzada, requisas invasivas, insultos sexistas y la denegación de derechos sexuales y reproductivos. Estos abusos afectaron a más de 200 mujeres y niñas detenidas durante las protestas.

Contexto electoral y persecución política

El informe también resalta que, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, al menos 48 personas fueron detenidas bajo cargos de conspiración contra el régimen. Las órdenes de arresto alcanzaron a figuras del ámbito militar, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes de la oposición.

Durante el mes de julio, la Misión de la ONU documentó la detención de más de 120 personas relacionadas con eventos de la campaña opositora. En la primera semana de protestas tras las elecciones, más de 2.000 personas fueron arrestadas, según cifras de las propias autoridades. La represión alcanzó a niños y personas con discapacidades, quienes fueron acusados de crímenes graves, en lo que el informe calificó como una “graves violación del debido proceso”.

Un llamado a la comunidad internacional

La Misión de la ONU, establecida en 2019 para investigar violaciones graves de derechos humanos en Venezuela, hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe ante lo que califican como un deterioro alarmante de la situación en el país. El informe concluye que las acciones del régimen de Maduro no son aisladas, sino parte de un plan sistemático destinado a reprimir cualquier disidencia.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU analizará las recomendaciones y medidas a tomar tras el contundente informe presentado por Valiñas y su equipo, mientras la crisis humanitaria y política en Venezuela continúa escalando sin una solución clara en el horizonte.