El secretario general y el alcalde de Chilpancingo fueron ejecutados en hechos separados, vinculando el incremento de violencia a la transición de mando en el municipio.
La violencia recrudece en Chilpancingo, Guerrero, a raíz del reciente cambio de mando en el gobierno municipal. En un periodo de menos de una semana, dos altos funcionarios han sido ejecutados, en lo que parece ser una oleada de ataques vinculados al proceso de transición política.
Francisco Gonzalo Tapia Gutiérrez, quien fungía como secretario general del Ayuntamiento, y Alejandro Arcos Catalán, el recién electo alcalde de Chilpancingo, fueron asesinados en hechos distintos y con apenas unos días de diferencia. Ambos habían asumido sus cargos el pasado 30 de septiembre de 2024.
El 3 de octubre, Francisco Gonzalo Tapia fue emboscado y acribillado a tiros en plena luz del día en el corazón de Chilpancingo. El ataque ocurrió en las inmediaciones de la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, uno de los puntos más concurridos del Centro Histórico de la ciudad. El funcionario fue atacado mientras caminaba por la calle Teófilo Leyva, recibiendo cuatro disparos, dos de ellos en la cabeza. A pesar de la rápida respuesta de las autoridades y los servicios de emergencia, Tapia falleció en el lugar.
La noticia del asesinato conmocionó a la administración municipal, y Alejandro Arcos Catalán, entonces alcalde, lamentó la pérdida en redes sociales: “¡Exigimos justicia para Francisco y para todos aquellos que han sido víctimas de la violencia!”, escribió en una publicación que reflejaba el clima de temor que se respiraba en la ciudad.
Sin embargo, la violencia no tardaría en alcanzar también al propio alcalde. Tres días después, el 6 de octubre, el cuerpo de Alejandro Arcos fue encontrado dentro de una camioneta abandonada en la esquina de las calles Moctezuma y Número 1, cerca del Hotel Real Moreli. El alcalde fue hallado decapitado; su cabeza, macabramente colocada sobre el toldo del vehículo, mientras en el interior del mismo reposaba el resto del cuerpo. Junto a él, las autoridades encontraron su credencial de elector, lo que ayudó a confirmar su identidad pocas horas después, tras la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ambos crímenes, con signos evidentes de premeditación, parecían responder a una creciente escalada de violencia en la región, donde grupos criminales como Los Tlacos y Los Ardillos han disputado el control de territorios. Chilpancingo ha sido, desde hace años, un escenario de confrontaciones entre estas facciones, que han dejado numerosas víctimas civiles.
La tensión ya era palpable antes de los asesinatos de Tapia Gutiérrez y Arcos Catalán. Apenas unos días antes, el 27 de septiembre, en plena emergencia causada por el huracán John, otro violento ataque sacudió la ciudad. Ulises Hernández Martínez, capitán activo de Infantería del Ejército Mexicano y exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, fue ejecutado junto con una mujer de nombre Wendy, de 35 años, mientras ambos se encontraban dentro de un vehículo. Hernández Martínez, según informes preliminares, acababa de salir de una reunión en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, donde se evaluaba su posible nombramiento como responsable de la seguridad en el gobierno de Arcos.
Este incidente, que ocurrió apenas días antes de que los dos altos funcionarios del Ayuntamiento tomaran posesión de sus cargos, pudo haber sido una primera advertencia de la violencia que seguiría.
El clima de inseguridad en Chilpancingo no es nuevo. Desde inicios de 2024, la capital ha sido testigo de una serie de episodios violentos que han impactado directamente en la vida diaria de sus habitantes. En febrero, una ola de ataques contra choferes de transporte público paralizó las actividades en la ciudad, con varios conductores asesinados y sus unidades incendiadas. Comercios y escuelas suspendieron sus labores ante el temor de nuevas agresiones.
La gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, condenó los asesinatos y prometió una investigación a fondo para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Sin embargo, la ciudadanía de Chilpancingo se encuentra sumida en el miedo y la incertidumbre, mientras los grupos criminales continúan acechando.
Con la ejecución de dos figuras clave en el gobierno local, la estabilidad política en Chilpancingo pende de un hilo, y la inseguridad sigue siendo uno de los mayores desafíos para las autoridades estatales y federales. Mientras tanto, la capital de Guerrero sigue siendo escenario de una batalla entre el poder institucional y los intereses del crimen organizado, un conflicto en el que las víctimas más frecuentes son los ciudadanos comunes y los servidores públicos que intentan restablecer el orden.