Fiscalía de CDMX denuncia detención “ilegal” de Javier Corral y apunta a motivos políticos

La Fiscalía de la Ciudad de México acusa a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de violar el debido proceso y actuar con motivaciones políticas en el intento de captura del exgobernador Javier Corral.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha emitido un comunicado contundente en el que denuncia la ilegalidad del operativo llevado a cabo por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua con el objetivo de arrestar al exgobernador de esa entidad, Javier Corral. Según el encargado de la FGJ-CDMX, Ulises Lara López, la operación no solo fue ilegal, sino que también tuvo claras motivaciones políticas.

Durante una conferencia de prensa celebrada este lunes, Lara López afirmó que la detención de Corral, quien gobernó Chihuahua de 2016 a 2021, se intentó realizar sin cumplir con las normativas legales necesarias, violentando el debido proceso y vulnerando los derechos del exmandatario. “Lo que hicimos fue evitar una detención ilegal”, sentenció el fiscal capitalino, dejando claro que la intervención de su dependencia en el frustrado arresto fue para impedir un atropello a la ley.

Operativo fuera de la ley y con motivaciones políticas

El origen de la controversia se remonta al pasado 14 de agosto, cuando agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, en coordinación con fuerzas federales, intentaron aprehender a Javier Corral en un restaurante de la colonia Roma en la Ciudad de México. Sin embargo, la intervención oportuna de elementos de la FGJ-CDMX, encabezados por Ulises Lara López, frustró la operación. Según las autoridades de Chihuahua, Lara López llegó al lugar acompañado por un grupo de hombres armados, vestidos de negro y sin identificación, quienes habrían evitado que la detención se llevara a cabo.

Lara López refutó estas acusaciones y explicó que su presencia en el lugar obedeció a la necesidad de evitar un arresto que violaba las normativas establecidas. Además, destacó que la Fiscalía de Chihuahua no forma parte del convenio de colaboración entre procuradurías, lo que invalida cualquier acción coordinada en la capital del país. “El documento recibido refiere que a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no le son aplicables los mecanismos para la coordinación y colaboración recíproca convenidos por las instituciones que lo celebraron”, señaló.

Denuncia ante la Fiscalía General de la República

En respuesta a estos hechos, Ulises Lara anunció que la FGJ-CDMX presentará este martes una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las personas responsables de este operativo. Según el fiscal capitalino, ya se ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

“El documento que recibimos no representaba un acuerdo de colaboración; fue utilizado como un pretexto para justificar una acción que se venía planeando desde el lunes 12 de agosto, cuando los agentes de Chihuahua comenzaron a realizar labores de inteligencia en la Ciudad de México”, precisó Lara López. En este contexto, las autoridades de la capital señalaron que el seguimiento a Corral se realizó sin ninguna autorización oficial, lo que convierte todo el operativo en un acto irregular.

Acusaciones de peculado y persecución política

Por su parte, las autoridades de Chihuahua, a través de su fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela, han defendido la legitimidad de su actuar y han calificado a Javier Corral como “prófugo de la justicia”. Según Valenzuela, Corral es buscado por su presunta participación en la malversación de 98 millones 600 mil pesos del erario público, junto con el exsecretario de Hacienda del estado, Arturo Fuentes Vélez, quien también está prófugo.

La acusación se basa en dos pagos supuestamente ilícitos realizados a una cuenta bancaria particular bajo el pretexto de reestructurar la deuda pública de Chihuahua. En respuesta, Javier Corral ha negado rotundamente las acusaciones, calificándolas de persecución política orquestada por la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos.

A través de sus redes sociales, Corral ha manifestado que las instituciones del estado han sido cooptadas por el poder político para llevar a cabo una campaña en su contra. Asegura que tiene pruebas para demostrar su inocencia y que esta persecución es un intento de silenciarlo por su papel crítico contra la actual administración estatal.

Implicaciones políticas y legales

Este incidente no solo tiene profundas implicaciones legales, sino que también ha exacerbado las tensiones políticas entre las entidades de Chihuahua y la Ciudad de México. La denuncia de Ulises Lara López pone en entredicho la colaboración entre las fiscalías y plantea preguntas sobre la legalidad y los fines de las acciones judiciales en este caso.

Mientras la FGJ-CDMX avanza en su investigación y prepara su denuncia ante la FGR, el caso de Javier Corral se perfila como un nuevo capítulo en la lucha entre antiguos aliados políticos que ahora se enfrentan en los tribunales y en la arena pública.

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