La reforma aprobada por la Cámara de Diputados enfrenta fuertes reacciones. Morena celebra el avance, mientras que la oposición denuncia un ataque a la división de poderes y al Estado de Derecho.
La aprobación de la reforma al Poder Judicial por parte de la Cámara de Diputados ha desencadenado intensas reacciones en el ámbito político mexicano. La iniciativa, que busca permitir que los ciudadanos elijan a los jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante voto popular, ha dividido las opiniones de diversas figuras políticas y generado un debate sobre su impacto en la democracia y el Estado de Derecho.
Entre los primeros en manifestarse a favor de la reforma estuvo Mario Delgado, presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Delgado celebró la aprobación tanto en lo general como en lo particular de la iniciativa, calificándola como un paso histórico hacia una mayor justicia para los mexicanos. “Es un gran paso para hacer realidad los anhelos de justicia del pueblo de México”, escribió Delgado en sus redes sociales, subrayando la importancia de este avance en el marco de las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, también elogió la reforma, destacando su carácter histórico al permitir que el pueblo elija a los integrantes de la SCJN. Según López Beltrán, este proceso otorgará a los mexicanos un mayor control sobre la justicia en el país.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, se sumó a las voces de apoyo a la iniciativa. Sheinbaum, quien tomará posesión de la presidencia el próximo 1 de octubre, felicitó a la Cámara de Diputados por la aprobación de la reforma, reafirmando su compromiso con los principios de justicia que, según ella, este cambio promoverá.
Sin embargo, no todos han visto con buenos ojos esta decisión. La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional (PAN), criticó duramente la reforma, calificándola como un atentado contra la división de poderes y el Estado de Derecho. “Diputados de Morena y sus aliados respondieron al poder autoritario de López Obrador”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter). Gálvez advirtió que la medida podría erosionar la independencia del Poder Judicial, en lugar de fortalecerla.
En la misma línea, la diputada panista Kenia López Rabadán lamentó la aprobación de la reforma, destacando que la insistencia del gobierno en llevarla adelante refleja una falta de disposición para escuchar otras voces. “NADA hizo cambiar de opinión al gobierno. La reforma pasará al Senado. Aquí nadie se rinde. Soy Resistencia y seguiré del lado correcto de la historia”, expresó López Rabadán en un mensaje que reafirma su rechazo a la iniciativa.
Otro fuerte detractor fue el senador Ricardo Monreal, también de Morena, quien, a pesar de su lealtad partidista, reconoció que esta reforma representa un desafío para el equilibrio de poderes. Monreal destacó que la aprobación fue conforme a la Constitución, pero advirtió sobre los retos que enfrentará el país en la implementación de esta inédita elección de jueces.
Mientras tanto, la diputada panista Noemí Luna Ayala fue más allá en sus críticas, calificando el 4 de septiembre de 2024 como “un día negro para la democracia”. Luna Ayala expresó su preocupación por las implicaciones de esta reforma en el sistema político y la calidad de la justicia en México.
Por otro lado, Patricia Mercado, senadora y una de las voces más críticas desde la oposición, afirmó que la reforma es contraproducente, ya que “lo que hace es alejar a las personas de la posibilidad de contar con justicia”. Según Mercado, el proceso de selección popular de jueces no garantiza que se elijan a los más capacitados, sino que podría convertir la justicia en un espacio politizado y populista.
El próximo paso para la reforma será su discusión en el Senado, donde se espera otro intenso debate. El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, reveló que la elección de la mitad de los jueces y ministros de la SCJN se realizará en 2025, mientras que la otra mitad será seleccionada en una segunda ronda de elecciones en 2027. Con esto, el Poder Judicial se enfrentará a un proceso de transformación sin precedentes en México, cuyo impacto a largo plazo aún es incierto.