Costa de Sonora en el Golfo de California. Foto: México en Fotos / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).
El Gobierno federal decidió respaldar el proyecto Amigo LNG, una terminal privada de licuefacción de gas en Guaymas, Sonora, aun cuando una resolución judicial mantiene suspendida su autorización ambiental. La ASEA anunció que impugnará el alcance de la orden, mientras organizaciones civiles sostienen que la dependencia incumplió una medida cautelar. El caso importa porque enfrenta la política energética oficial con obligaciones de transparencia y protección del Golfo de California.
Amigo LNG enfrenta una orden judicial y una impugnación oficial
La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que presentará un recurso de queja para que un Tribunal Colegiado determine el alcance de la suspensión. De acuerdo con la versión recogida por EL PAÍS, la dependencia sostiene que la medida judicial no paralizaba de manera absoluta el procedimiento de evaluación ambiental.
La posición choca con la interpretación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). La organización afirmó que el juzgado declaró que la ASEA incumplió una suspensión previa y le ordenó dejar sin efectos el resolutivo ambiental, acreditar su cancelación y detener el avance de las obras. La controversia no resuelve todavía el fondo del amparo, pero sí impide presentar el proyecto como libre de obstáculos legales.
La propia ASEA había informado que la autorización fue emitida el 13 de abril de 2026. CEMDA sostiene, en cambio, que el permiso se otorgó mientras ya estaba vigente una suspensión judicial. Esa diferencia sobre fechas y efectos deberá ser revisada por los tribunales.
Sheinbaum minimiza riesgos y destaca capacidad energética
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el amparo impide avanzar por ahora, pero defendió la utilidad de la terminal. La secretaria de Energía, Luz Elena González, señaló que ocuparía 41 hectáreas en una zona previamente impactada, recibiría cinco buques al mes y almacenaría hasta 290 mil metros cúbicos de gas. Según su exposición, una parte serviría al mercado interno y otra se exportaría.
El argumento oficial se apoya en la dependencia mexicana del gas importado desde Estados Unidos y en la limitada capacidad de almacenamiento nacional. Sin embargo, el Gobierno ya había prometido acelerar los permisos del proyecto, estimado en 6 mil 800 millones de dólares. Esa postura adquiere relevancia después de que Sheinbaum también admitiera presiones de Donald Trump en materia de gas y Pemex.
Transparencia ambiental queda en el centro del conflicto
El litigio no se limita a decidir si la terminal puede construirse. Las organizaciones demandantes cuestionan que la Manifestación de Impacto Ambiental tuviera información reservada y que la consulta pública no garantizara una participación informada. Artículo 19 reportó que más de 4 mil 800 personas enviaron observaciones durante el proceso.
Amigo LNG pretende exportar más de 5.1 millones de toneladas anuales de gas licuado hacia Asia. Su operación añadiría tráfico de buques metaneros, dragados, emisiones y ruido submarino en una región de alta biodiversidad. El proyecto se suma a otras terminales planeadas en el Golfo de California, mientras el país enfrenta recortes en su presupuesto climático para 2027.
La promesa presidencial de evitar un daño ambiental deberá medirse contra decisiones verificables: acatar la suspensión, transparentar el expediente completo y justificar técnicamente cualquier autorización futura. Hasta que el tribunal resuelva la impugnación, Amigo LNG permanece detenido y el respaldo del Gobierno no sustituye la obligación de cumplir la orden judicial.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
