El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha reforzado su apuesta por la inversión privada para acelerar la economía mexicana, después de que el PIB creciera apenas 0.8% en 2025. La estrategia incluye destrabar proyectos energéticos, simplificar permisos y ampliar esquemas mixtos; sin embargo, organismos internacionales advierten que la incertidumbre comercial, regulatoria y de seguridad todavía contiene decisiones de largo plazo.
La inversión privada gana peso en la estrategia económica
La señal más visible es el acercamiento sostenido con grupos empresariales nacionales y estadounidenses. De acuerdo con un reporte de El País publicado este 11 de octubre, la administración federal ha destrabado más de 20 proyectos del sector eléctrico por un monto superior a 3 mil 750 millones de dólares.
El cambio no implica abandonar la rectoría estatal, pero sí reconocer que el gasto público no basta para sostener la infraestructura requerida. En febrero, la Presidencia presentó una cartera de inversión pública y mixta por 5.6 billones de pesos hacia 2030 y anunció recursos adicionales para 2026. Más tarde, el Gobierno ofreció una autorización federal inmediata para proyectos estratégicos y un plazo máximo de 90 días para resolver trámites privados, según la explicación oficial del Plan México.
Las cifras, no obstante, deben leerse con cautela: una cartera anunciada no equivale a recursos ya ejercidos. El seguimiento relevante será cuántos proyectos llegan al cierre financiero, obtienen permisos, inician obra y generan empleos formales, y no sólo el monto acumulado de intenciones.
El crecimiento mejora, pero sigue por debajo del potencial
La economía muestra una recuperación moderada. El Banco Mundial calcula que México crecerá 1.4% en 2026, 1.8% en 2027 y 2.2% en 2028. El avance sería mayor que el de 2025, pero todavía insuficiente para cerrar brechas de productividad, infraestructura e ingreso por habitante.
El propio diagnóstico del Banco Mundial sobre México señala que la productividad y la inversión han crecido poco, mientras la revisión del T-MEC continúa pesando sobre las decisiones empresariales. El organismo plantea que movilizar capital privado en energía e infraestructura exige mejorar el ambiente de negocios, la certeza regulatoria, el acceso al financiamiento y la seguridad.
Ese contraste también aparece en los datos de inversión extranjera. El país reportó un máximo de 34 mil 968 millones de dólares durante el primer semestre, pero el récord agregado no resuelve por sí solo la composición de los flujos. Como explicó una revisión previa de la IED, una parte importante corresponde a reinversión de utilidades, mientras las nuevas inversiones han mostrado debilidad.
Certidumbre y ejecución, las pruebas para el Plan México
La apuesta oficial enfrenta tres filtros. El primero es energético: las empresas requieren electricidad suficiente, conexiones oportunas y reglas estables para nuevos proyectos. El segundo es comercial: la relación con Estados Unidos sigue siendo decisiva para manufactura y exportaciones, una dependencia visible en la reciente caída de las exportaciones automotrices. El tercero es institucional: permisos ágiles ayudan, pero no sustituyen tribunales previsibles, seguridad física ni transparencia en contratos.
El Gobierno sostiene que la inversión pública puede detonar capital privado y empleo. La premisa es razonable, pero su resultado deberá medirse con indicadores verificables: inversión fija efectivamente ejecutada, capacidad eléctrica añadida, tiempos reales de autorización, empleos registrados y participación de nuevas empresas. Sin esos datos, el giro hacia la inversión privada corre el riesgo de quedarse en una suma de anuncios.
Fotografía: Mehmet Turgut Kirkgoz / Pexels. Imagen recortada a formato 16:9; uso conforme a la licencia gratuita de Pexels.







