Sede del Senado de la República en Ciudad de México. Foto: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.
El Senado aprobó la nueva ley catastral que obliga a identificar cada inmueble del país con una clave única y a conectar la información de catastros y registros públicos. El decreto pasó al Ejecutivo para su promulgación. Aunque la mayoría negó que implique un aumento nacional del predial, la oposición cuestionó la concentración de datos, los costos para municipios y la falta de límites verificables.
La ley catastral conecta registros de propiedades
La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral fue avalada en lo general con 69 votos a favor y 32 en contra; en lo particular recibió 68 votos favorables y 28 negativos. Morena y sus aliados respaldaron el proyecto, mientras PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. El decreto fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación y entrada en vigor.
El nuevo marco crea la Clave Única Catastral para identificar cada predio o unidad inmobiliaria y una Cédula Única Catastral y Registral que vinculará esos datos con el folio real del Registro Público de la Propiedad. También prevé plataformas tecnológicas y modelos nacionales para homologar trámites entre Federación, estados y municipios.
El Sistema de Información Legislativa señala que la Sedatu y la Agencia de Transformación Digital deberán emitir, en un máximo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor, los lineamientos para adoptar la clave y la cédula. Las autoridades locales tendrán hasta el 31 de diciembre de 2026 para implementar los modelos, con operación prevista a partir del 1 de enero de 2027.
El predial seguirá en manos de los municipios
La legislación no fija una tasa nacional ni crea por sí misma un impuesto nuevo. La determinación y el cobro del predial continúan bajo las facultades locales. La presidenta de la Comisión de Gobernación sostuvo que el objetivo es mejorar la certeza jurídica, corregir registros contradictorios y reducir espacios para fraudes y corrupción.
Sin embargo, disponer de información más actualizada puede dar a los ayuntamientos mejores herramientas para revisar valores catastrales y ampliar su base de contribuyentes. Eso no equivale automáticamente a un aumento, pero sí obliga a distinguir entre lo que ordena la ley federal y las decisiones fiscales que después tome cada municipio. El debate resulta especialmente sensible porque autoridades como Clara Brugada ya han tenido que negar públicamente un incremento al predial, como se consignó en su segundo informe de gobierno.
El Economista informó que la mayoría rechazó las reservas de la oposición y envió el decreto al Ejecutivo. La discusión política continuará en la reglamentación y, sobre todo, en los presupuestos locales que definan actualizaciones de valores y cobros.
Datos personales y recursos quedan bajo vigilancia
La senadora panista Guadalupe Murguía advirtió que la Agencia de Transformación Digital recibirá facultades para emitir lineamientos y herramientas tecnológicas, y pidió precisar quién podrá consultar la información, con qué finalidad y cómo se corregirán errores. Su bancada también cuestionó que la modernización se ordene sin una bolsa adicional claramente asignada para cartografía, plataformas, capacitación y ciberseguridad.
La interconexión promete reducir duplicidades, pero aumenta la necesidad de controles de acceso, trazabilidad y mecanismos de rectificación. La experiencia de otras bases federales demuestra que una plataforma no se vuelve confiable sólo por concentrar datos: también requiere metodología pública y protección de información sensible, un reto señalado en la revisión del registro de personas desaparecidas.
La nueva ley catastral abre así una etapa de ejecución acelerada. El Gobierno tendrá que publicar reglas técnicas en pocas semanas y los gobiernos locales deberán adaptar sistemas antes de terminar el año. Para evitar que la modernización derive en opacidad o cobros discrecionales, serán necesarios lineamientos públicos, auditorías de seguridad y reportes que permitan saber cuánto cuesta la transición, quién accede a los datos y qué cambios fiscales decide cada municipio.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
