En un giro polémico y sorpresivo en uno de los casos más emblemáticos de violencia de género en México, el juez José Gabriel Ramírez Montaño ordenó el pasado miércoles 14 de agosto la liberación inmediata de Juan Antonio Vera Carrizal, quien había sido acusado de ser el autor intelectual del intento de feminicidio con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos, ocurrido en 2019. La resolución judicial ha generado una ola de indignación y denuncias en redes sociales, especialmente por parte de la propia víctima, quien acusa corrupción en el proceso.
María Elena Ríos, reconocida no solo por su talento musical sino también por su incansable lucha por la justicia, utilizó su cuenta en la red social X (anteriormente conocida como Twitter) para expresar su indignación y dolor tras la decisión del juez. “Ganó la corrupción. Juan Antonio Vera Carrizal ha quedado en libertad. 20 minutos le tomó a este juez corrupto la resolución. Esto es Oaxaca. Esto es México. Esta es la impunidad que viven las mujeres que luchamos por la justicia”, escribió Ríos Ortiz en un mensaje que rápidamente se viralizó.
La saxofonista, quien desde el ataque se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en México, también acusó que la liberación de Vera Carrizal fue pactada con la magistrada Berenice Ramírez Jiménez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. En su mensaje, Ríos no solo denunció la decisión judicial, sino que también hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales, incluidas la presidenta electa Claudia Sheinbaum y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que presten atención a lo que está sucediendo en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
La resolución judicial argumenta que, con las pruebas presentadas durante el juicio, no se logró destruir la presunción de inocencia de Vera Carrizal, por lo que el juez Ramírez Montaño decidió absolverlo de la acusación de feminicidio en grado de tentativa. “En consecuencia, queda en inmediata libertad y desde luego se deja sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva”, se lee en la sentencia, que también ordena levantar cualquier embargo precautorio sobre los bienes de Vera Carrizal.
Horas antes de la audiencia que resultó en esta controvertida liberación, Ríos había alertado a través de sus redes sociales sobre la posibilidad de que el juez absolviera a su agresor, en lugar de dictar una sentencia condenatoria. “Hago este llamado a toda la sociedad civil, porque esta lucha no la hice ni la construí solita, la hice junto con todas ustedes y todos ustedes”, expresó la activista en un video publicado en sus redes. Asimismo, subrayó la necesidad de que las autoridades federales supervisen el proceso judicial en Oaxaca, señalando obstáculos y malas intenciones que ha enfrentado durante todo el proceso judicial.
El caso de María Elena Ríos conmocionó a la nación cuando, el 9 de septiembre de 2019, tres hombres irrumpieron en su casa en Huajuapan de León, Oaxaca, y le lanzaron ácido sulfúrico, provocándole graves quemaduras que la mantuvieron hospitalizada por más de tres meses. A pesar de la gravedad del ataque y de las múltiples cirugías y tratamientos que Ríos ha necesitado desde entonces, la justicia para ella ha sido esquiva.
Ríos ha sostenido que Vera Carrizal, con quien tuvo una relación en 2017, la había amenazado repetidamente antes del ataque, y que él y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, habrían contratado a los tres agresores para cometer el ataque. Mientras Vera Carrizal fue detenido en 2020 y puesto bajo prisión domiciliaria en 2023 por problemas de salud, su hijo sigue prófugo de la justicia.
La liberación de Vera Carrizal, un influyente empresario y exdiputado del PRI, ha reavivado las críticas sobre la impunidad y la corrupción en el sistema judicial de México, especialmente en casos de violencia contra las mujeres. María Elena Ríos, quien se ha convertido en una voz poderosa en la lucha contra la violencia de género, ha dejado claro que no descansará hasta que se haga justicia en su caso, y ha advertido que el gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara, será responsable de cualquier daño que le ocurra a ella o a su familia tras la liberación de su agresor.
La decisión judicial ha provocado protestas y una creciente presión sobre las autoridades judiciales y políticas de Oaxaca para que revisen el caso y tomen medidas que garanticen la justicia y la seguridad de María Elena Ríos.