Sede del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Washington. Foto: Ajay Suresh / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.
Las muertes de mexicanos ligadas a ICE llegaron a 18 desde enero de 2025 tras el fallecimiento de Emiliano Andrade-Covarrubias en un centro de Laredo, Texas. México prepara otra denuncia y exige una investigación, pero todavía no publica resultados concretos de las acciones legales iniciadas en julio por los 17 casos anteriores.
Muertes de mexicanos ligadas a ICE llegan a 18
Andrade-Covarrubias, de 56 años, fue encontrado inconsciente en su celda el sábado 17 de octubre durante una revisión de seguridad en el Centro de Procesamiento Río Grande. Personal de la instalación intentó reanimarlo y llamó a servicios de emergencia, pero el hombre falleció. La autopsia quedó a cargo del médico forense del condado de Webb y la causa oficial de muerte aún no ha sido determinada.
El caso es el séptimo de una persona detenida por ICE que muere en Texas durante 2026 y el segundo registrado este año en una instalación migratoria de Laredo, de acuerdo con The Texas Tribune. El periódico identificó al fallecido y documentó que vivió durante décadas en Dallas, trabajó como contratista de pintura y tenía tres hijos adultos nacidos en Estados Unidos.
Su hija, Stefani Andrade, afirmó que su padre padecía diabetes, hipertensión y una afección cardiaca. También sostuvo que llevaba medicamentos cuando fue detenido en junio, pero que no los recibió de forma adecuada y que sus solicitudes de atención por tos, dolor en el pecho y dificultad para respirar fueron ignoradas. Estas acusaciones forman parte del testimonio familiar y todavía deben contrastarse con los expedientes médicos y la investigación oficial.
Otra denuncia, pero sin balance de las anteriores
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el Consulado de México en Laredo activó el protocolo de protección, contactó a la familia y solicitó una investigación “pronta, exhaustiva y transparente”. Según el reporte de N+, la Cancillería enviará una denuncia al fiscal del condado de Webb y pedirá acceso consular efectivo a los centros de detención para exigir atención médica a los connacionales.
La reacción repite una ruta ya utilizada. El 14 de julio, la Embajada de México transmitió al Departamento de Justicia de Estados Unidos una denuncia de la Fiscalía General de la República por 17 muertes y pidió formalmente abrir investigaciones. La nota informativa de la SRE señaló entonces que México solicitó una respuesta sobre el curso de esos expedientes.
Tres meses después, el Gobierno federal no acompañó el anuncio del caso número 18 con un balance público sobre cuántas investigaciones fueron abiertas, qué autoridades aceptaron las denuncias, cuáles causas de muerte ya fueron determinadas o qué reparación recibieron las familias. La nueva acción legal es necesaria, pero sin seguimiento verificable corre el riesgo de convertirse en una acumulación de oficios sin consecuencias conocidas.
La protección consular enfrenta una prueba medible
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este lunes que el mexicano posiblemente no tuvo acceso a todos sus medicamentos y confirmó que se presentará una nueva denuncia, según El País. La postura coloca el acceso a la salud en el centro del reclamo, pero también obliga a la Cancillería a definir cómo comprobará que la atención médica mejore dentro de instalaciones que dependen de autoridades estadounidenses o de empresas privadas.
El contexto migratorio se ha endurecido. Un tribunal estadounidense ya bloqueó el intercambio masivo de datos fiscales con ICE, tema documentado por Enrique Muñoz News. En la frontera, los albergues de Ciudad Juárez operan con baja ocupación por el cambio de rutas y deportaciones, mientras el Gobierno mexicano presume cooperación bilateral en seguridad y migración, como explicó Roberto Velasco en su comparecencia ante el Senado.
Para rendir cuentas, la SRE debería publicar un tablero por caso con fecha, autoridad receptora, causa oficial, estado procesal, asistencia consular y reparación. La cifra de 18 no puede quedar sólo como argumento diplomático: debe convertirse en expedientes rastreables y resultados que permitan saber si la protección prometida funciona.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
