Graciela Domínguez Nava con mandos militares durante una reunión de seguridad. Foto: Gobierno del Estado de Sinaloa.
Dos riñas registradas en menos de 24 horas en el penal El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, dejaron 12 personas muertas y al menos 16 heridas entre el jueves 8 y el viernes 9 de octubre. Entre las víctimas del primer enfrentamiento hubo nueve internos y un niño de dos años que se encontraba de visita. La repetición de la violencia, pese al despliegue de fuerzas federales, expone fallas de control dentro de la prisión.
Penal El Castillo: la violencia se repitió tras el primer operativo
El primer enfrentamiento comenzó la mañana del jueves en los módulos 4 y 5, donde se escucharon disparos. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó después que el Grupo Interinstitucional había recuperado el control del centro y que mantenía presencia dentro y fuera de las instalaciones. El saldo oficial inicial fue de diez fallecidos y 16 personas privadas de la libertad lesionadas.
La Fiscalía estatal abrió una investigación por homicidio doloso y confirmó el aseguramiento de armas cortas, además de indicios balísticos correspondientes a armas largas. La indagatoria deberá determinar cómo ingresó ese armamento, quién disparó y si personal o directivos facilitaron su entrada. Hasta ahora, las autoridades no han presentado conclusiones ni responsabilidades administrativas o penales.
Sin embargo, este viernes se produjo una segunda riña dentro de otro módulo. Dos internos murieron y la cifra acumulada subió a 12 fallecidos. La agencia EFE reportó que la Fiscalía incorporó este nuevo episodio a sus investigaciones, mientras la autoridad penitenciaria volvió a informar que el resto de la población estaba segura y que el incidente había sido controlado.
La CNDH ya había advertido fallas de custodia
La crisis no ocurrió en un centro sin señales previas. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la CNDH calificó al penal El Castillo con 5.25 puntos sobre diez, dentro del rango bajo. El organismo documentó insuficiencia de personal de seguridad y custodia, falta de capacitación, deficiencias para prevenir incidentes violentos y presencia de actividades ilícitas.
La evaluación también señaló carencias en higiene, atención médica, clasificación de internos y mecanismos para prevenir violaciones a derechos humanos. El dato más relevante para la rendición de cuentas es que la prisión no estaba rebasada por sobrepoblación: el diagnóstico registró una ocupación inferior a su capacidad. Por ello, las fallas observadas apuntaban principalmente a gobernabilidad, vigilancia y funcionamiento institucional.
El uso de armas dentro de un penal estatal convierte la investigación sobre controles de acceso en una prioridad. La explicación no puede limitarse al conflicto criminal que afecta a Sinaloa desde 2024; también debe aclarar qué revisiones fallaron, cuántos custodios estaban de servicio y si existían reportes internos ignorados. El caso añade presión al debate sobre la percepción de inseguridad y la cifra oculta del delito en México.
Sheinbaum promete refuerzo y Sinaloa anuncia otro penal
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el Gabinete de Seguridad federal apoya a las autoridades estatales y que trabajará con la gobernadora Graciela Domínguez Nava para reforzar el sistema penitenciario. Horas después, el Gobierno de Sinaloa anunció un nuevo centro penitenciario financiado con recursos federales, pero no precisó costo, calendario ni capacidad.
Una nueva prisión puede ampliar infraestructura, pero no sustituye las respuestas inmediatas sobre El Castillo. La prioridad es impedir otra agresión, proteger a internos, visitas y trabajadores, y transparentar el resultado de las revisiones. La vigilancia federal anunciada deberá traducirse en controles verificables, no sólo en presencia temporal después de cada emergencia.
El episodio también refuerza la necesidad de información pública. La reciente comparecencia de Omar García Harfuch a puerta cerrada dejó pendientes sobre la estrategia en Sinaloa. En el penal El Castillo, la prueba será concreta: identificar responsables, explicar el ingreso de armas y corregir las fallas que la CNDH había señalado antes de que 12 personas perdieran la vida.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
