En una decisión que ha generado una intensa polémica y un debate sobre la justicia en México, el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, ha sido trasladado a su domicilio tras casi tres años y medio en prisión preventiva. La medida, otorgada por la jueza Angélica Carmen Ortuño Suárez, adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ha suscitado críticas y preocupaciones, especialmente entre los defensores de derechos humanos y la propia víctima, la periodista Lydia Cacho.
Marín, conocido como “El Góber Precioso”, fue detenido en febrero de 2021 por su presunta implicación en la tortura de Lydia Cacho, un caso que data de diciembre de 2005. La periodista fue detenida arbitrariamente en Cancún, Quintana Roo, y trasladada a Puebla en un operativo que, según denuncias, fue una represalia por la publicación de su libro Los Demonios del Edén, en el que expuso una red de explotación infantil en la que estaban involucrados personajes de alto perfil.
Durante la audiencia del 10 de agosto, la jueza Ortuño Suárez determinó que Marín Torres podría enfrentar su proceso en arresto domiciliario. En su resolución, la jueza argumentó que el exgobernador no representaba un riesgo ni para la periodista ni para la procuración de justicia, lo que permitió su salida del Penal del Altiplano, en el Estado de México. De esta forma, el exmandatario fue escoltado por elementos de la Guardia Nacional hasta su residencia en la avenida San José Xilotzingo, en la ciudad de Puebla, donde cumplirá su arresto.
La medida ha sido fuertemente criticada por Lydia Cacho y diversas organizaciones de derechos humanos. La periodista expresó en sus redes sociales su preocupación por la seguridad de ella y su equipo legal. “No ha sido exonerado Mario Marín, sin embargo, es un preso peligroso para mí, para mis testigos y mi familia. Hago responsable a la jueza Angélica Ortuño Suárez de cualquier cosa que pueda sucederle a mi equipo legal que estuvo hoy en la audiencia y a cualquiera de nosotras”, escribió Cacho.
Por su parte, la organización Artículo 19, que ha acompañado el caso de Cacho desde el principio, emitió un comunicado en el que reconoció que la prisión preventiva oficiosa puede en ocasiones derivar en violaciones a derechos humanos. No obstante, enfatizó que en este caso específico existen pruebas que acreditan no sólo los posibles riesgos de fuga del procesado, sino también los peligros contra la integridad de la víctima.
La decisión de la jueza también incluyó una serie de restricciones para Marín Torres, como la prohibición de salir del país o acercarse a Lydia Cacho. Además, deberá portar un brazalete electrónico y estará bajo vigilancia constante. A pesar de estas medidas, la resolución ha sido recibida con escepticismo y alarma por parte de quienes consideran que Marín sigue representando una amenaza.
El caso de Lydia Cacho ha sido emblemático en la lucha contra la impunidad en México y ha puesto de relieve las dificultades que enfrentan los periodistas y activistas al denunciar abusos de poder. La tortura que sufrió Cacho, documentada en su momento por diversas organizaciones internacionales, fue un intento por silenciarla y frenar sus investigaciones sobre redes de explotación sexual de menores.
La liberación de Mario Marín bajo arresto domiciliario, aunque no implica su exoneración, ha sido vista por muchos como un retroceso en la búsqueda de justicia y una señal preocupante sobre la eficacia del sistema judicial en casos de violaciones graves a los derechos humanos.