Resultados contundentes en seguridad con decomisos históricos y millonarias afectaciones al crimen organizado.
A dos meses del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, las estrategias de seguridad implementadas bajo su administración han mostrado resultados significativos en el combate al crimen organizado. De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en este periodo se lograron 5,333 detenciones por delitos de alto impacto, afectando económicamente a los grupos criminales en más de 14 mil millones de pesos.
En una conferencia matutina desde Palacio Nacional, Harfuch detalló que las acciones emprendidas entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre incluyeron el decomiso de 57.9 toneladas de drogas, incluyendo 415,309 pastillas de fentanilo, y el aseguramiento de 2,471 armas de fuego. Estas incautaciones representan más de 50 millones de dosis de drogas que no llegarán a las calles.
“La prioridad es fortalecer la investigación para llevar a cabo operativos que reduzcan la violencia con acciones certeras y bien fundamentadas”, afirmó Harfuch.
Golpes al narcotráfico y laboratorios clandestinos
Entre las acciones más relevantes, se destacan el desmantelamiento de 43 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de fentanilo en estados clave como Baja California, Michoacán, Sinaloa y Guanajuato. En estos operativos se aseguraron más de 105 mil litros y 13 mil kilogramos de precursores químicos, así como sofisticados equipos de síntesis orgánica, afectando de manera significativa la capacidad de producción del narcotráfico.
Detenciones emblemáticas
El titular de la SSPC subrayó casos destacados:
- 14 de noviembre, Puebla: Captura de Ismael “N”, alias “El Buchanans”, responsable de múltiples homicidios y extorsiones en el Estado de México y la Ciudad de México.
- 14 de noviembre, Sinaloa: Detención de Omar “N”, alias “El Pelón”, operador de Los Chapitos y clave en el tráfico transfronterizo de drogas y armas.
- 22 de noviembre, Estado de México: Operación Enjambre, que resultó en la captura de 24 servidores públicos vinculados con grupos como la Familia Michoacana y el CJNG, incluyendo una presidenta municipal y altos mandos de seguridad.
Afectaciones económicas y sociales
El gobierno estima que las pérdidas económicas para los grupos delictivos superan los 14,528 millones de pesos, gracias a la confiscación de bienes y el bloqueo de operaciones criminales.
Además, estas acciones contribuyen a la protección de comunidades afectadas por la violencia, especialmente en áreas donde el narcotráfico y la corrupción habían generado un entorno de impunidad.