CIUDAD DE MÉXICO.— La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de excesiva la propuesta presupuestal vinculada al Instituto Nacional Electoral para 2027 y pidió revisar sus componentes antes de que la Cámara de Diputados apruebe el gasto. La discusión ocurre al comienzo de un proceso que renovará la Cámara de Diputados y tendrá elecciones concurrentes en 17 entidades.
El debate público ha manejado cifras distintas porque no todos los cálculos incluyen los mismos conceptos. El anteproyecto del INE ronda los 36 mil 119 millones de pesos para operación ordinaria, proyectos electorales y una reserva; al sumar el financiamiento público de los partidos, la bolsa asociada al sistema electoral supera los 47 mil millones.
Sheinbaum consideró que el instituto debería operar con un crecimiento más cercano a la inflación y cuestionó la incorporación de recursos preventivos para una eventual consulta popular o revocación de mandato. También pidió que el organismo explique con detalle el costo de boletas, sistemas, capacitación, fiscalización y cambios de identidad institucional.
El Congreso tendrá la última palabra
El INE ha defendido que 2027 no será un año ordinario. Además de la elección federal, deberá coordinar procesos locales, actualizar el padrón, instalar casillas, capacitar funcionarios y fiscalizar campañas. La institución sostiene que el presupuesto debe evaluarse frente a esas responsabilidades y no compararse mecánicamente con ejercicios sin elecciones equivalentes.
El dinero destinado a partidos tampoco queda bajo libre disposición del instituto. La Constitución establece una fórmula para calcular el financiamiento público, por lo que una parte relevante de la cifra total no puede recortarse mediante una decisión administrativa del Consejo General.
La Cámara de Diputados sí tiene facultades para modificar el presupuesto del INE durante el análisis del Paquete Económico. Cualquier ajuste, sin embargo, debe conservar recursos suficientes para que el organismo cumpla sus atribuciones y evitar que un recorte termine trasladando costos o debilitando controles esenciales.
La discusión presupuestal se cruza con la reforma electoral y con la tensión permanente entre autonomía y rendición de cuentas. Ser autónomo no exime al instituto de justificar cada partida; exigir austeridad tampoco autoriza a reducir capacidades indispensables para organizar elecciones confiables.
La revisión más útil será la que separe gasto ordinario, costo directo de los comicios, reservas contingentes y prerrogativas partidistas. Solo así podrá saberse dónde existen márgenes reales de ahorro y qué rubros responden a obligaciones legales que el propio Congreso ha impuesto.
Fuentes: Eme Equis; La Razón; Instituto Nacional Electoral. Consulta relacionada: INE y partidos preparan filtro anticrimen para 2027.






