Imagen de referencia de un Cessna Citation 501, modelo de la aeronave siniestrada en Nayarit. Foto: Acroterion / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0); recorte 16:9.
La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este 7 de octubre que el desplome de una avioneta utilizada habitualmente por el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, haya sido un atentado. Su versión contrasta con la Fiscalía estatal, que mantiene abierta esa línea de investigación tras el accidente ocurrido en Ixtlán del Río, donde murieron el piloto y el copiloto.
Sheinbaum descarta un atentado en la avioneta de Nayarit
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que el Gabinete de Seguridad no tiene información sobre amenazas recientes contra Navarro y atribuyó el siniestro a un desperfecto de la aeronave. La declaración presidencial cerró políticamente una hipótesis que, en el ámbito ministerial, todavía no ha sido eliminada.
La fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia, había señalado que la dependencia continuaría las indagatorias para establecer si el accidente pudo relacionarse con un intento contra el gobernador. N+ difundió sus declaraciones, en las que explicó que las autoridades estatales preservarían la escena y realizarían cruces con información de inteligencia, mientras las instancias federales procesaban el caso.
La diferencia no es menor: el Ejecutivo federal habla de una falla, mientras la Fiscalía local sostiene que debe agotar una posible motivación criminal. Hasta ahora no se ha difundido un dictamen técnico definitivo que establezca públicamente la causa del desplome. Por ello, la conclusión dependerá de los peritajes aeronáuticos y de los datos que reúna la investigación.
Dos muertos y preguntas sobre el uso de la aeronave
El avión, un Cessna Citation 501 con matrícula XB-BAR, salió de Tepic con destino a Aguascalientes y fue localizado en una zona serrana de Ixtlán del Río. En el accidente murieron el piloto Óscar Quesada y el copiloto Ángel Ricardo Granados, de acuerdo con la información divulgada por autoridades y medios nacionales.
La aeronave no formaba parte de los bienes del Gobierno de Nayarit, pero era utilizada de manera habitual por Navarro. Aristegui Noticias reportó que el jet estaba ligado a una empresa registrada en Metepec, identificada como CABJE, cuya actividad incluye compra y venta de maquinaria y servicios técnicos.
Ese dato abre otra vertiente de rendición de cuentas: además de determinar por qué cayó el avión, las autoridades deben aclarar bajo qué figura era utilizado por el gobernador, quién cubría sus vuelos y qué relación contractual existía, si la había, con la empresa vinculada a la aeronave. Que el aparato no fuera propiedad estatal no resuelve esas preguntas.
La investigación debe separar indicios de conclusiones
La Fiscalía estatal relacionó su cautela con información de inteligencia y con antecedentes de amenazas contra el gobernador. Sin embargo, ninguna de esas referencias prueba por sí misma que el accidente haya sido provocado. Del mismo modo, la versión de un desperfecto requiere un peritaje técnico para convertirse en una conclusión verificable.
El episodio exhibe un problema de coordinación institucional: dos autoridades ofrecieron mensajes distintos antes de que se conozca el resultado de la investigación federal. En materia de seguridad, esa divergencia puede confundir a la opinión pública y debilitar la confianza en las pesquisas.
La prioridad inmediata es esclarecer la muerte de los dos tripulantes. Después, el Gobierno de Nayarit tendrá que transparentar el uso del jet y la autoridad federal deberá publicar una explicación técnica suficiente. Sólo así podrá determinarse si la afirmación de Sheinbaum o la sospecha de la Fiscalía estaba respaldada por los hechos.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
