La administración Trump suspende $2.200 millones en subvenciones a Harvard por presuntas fallas en diversidad y antisemitismo.
La administración de Donald Trump ha congelado $2.200 millones en fondos federales destinados a la Universidad de Harvard, alegando incumplimientos en políticas de diversidad y tolerancia al antisemitismo. La medida intensifica las tensiones entre el gobierno federal y las instituciones académicas.
Acusaciones del gobierno y respuesta de Harvard
La secretaria de Educación, Linda McMahon, comunicó que Harvard ha “incumplido sus obligaciones legales, éticas y fiduciarias”, citando falta de rigor académico y tolerancia al antisemitismo. La administración Trump también acusa a la universidad de no cumplir con el fallo de la Corte Suprema que prohíbe considerar la raza en admisiones.
Harvard respondió presentando una demanda, argumentando que la suspensión de fondos es una extralimitación del poder ejecutivo y amenaza la autonomía académica. El rector Alan Garber afirmó que la medida es ilegal y que la universidad defenderá sus derechos constitucionales. Sostuvo que los fondos en cuestión financian proyectos que no tienen relación con las preocupaciones expresadas por el gobierno.
Impacto en la investigación y la comunidad académica
La congelación de fondos afecta investigaciones en áreas como cáncer pediátrico, Alzheimer y Parkinson. Harvard sostiene que no hay conexión entre las acusaciones del gobierno y las investigaciones afectadas, y que interrumpirlas tendrá consecuencias irreparables para la ciencia y la salud pública.
La universidad ha congelado contrataciones y reevaluado proyectos de renovación ante la incertidumbre financiera. Estudiantes y personal extranjero enfrentan nuevos obstáculos, ya que la retención de fondos impacta programas vinculados a visados y becas, agravando los efectos de las recientes restricciones migratorias.
La comunidad científica teme que esta medida siente un precedente peligroso para la financiación de la investigación en Estados Unidos. También se percibe como una señal alarmante de intervención política en el ámbito universitario, lo que podría afectar la innovación y la colaboración internacional.
Reacciones y consecuencias políticas
La decisión ha generado críticas de líderes académicos y figuras políticas de ambos partidos, quienes ven la medida como un ataque a la libertad académica. Una coalición de fiscales generales obtuvo una orden judicial que impide recortes en fondos para investigaciones científicas, lo que ofrece un respiro a decenas de instituciones afectadas.
La opinión pública también muestra descontento. Una encuesta nacional indica que el 57% de los estadounidenses desaprueba la retención de fondos a universidades por desacuerdos políticos. El índice de aprobación de Trump ha caído al 42%, el nivel más bajo desde su regreso a la presidencia.
