El Encargado de Despacho de la Fiscalía Capitalina Justifica su Intervención en la Fallida Aprehensión del Exgobernador de Chihuahua por Presunto Peculado
En una declaración que ha suscitado gran polémica, Ulises Lara López, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), desmintió las acusaciones de haber “rescatado” al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien fue objeto de un intento de detención la noche del miércoles en un conocido restaurante de la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Los hechos ocurrieron poco después de las 22:00 horas, cuando personal de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua se presentó en el restaurante Gin Gin con la intención de ejecutar una orden de aprehensión contra Corral, acusado de peculado. Sin embargo, la aprehensión no se concretó debido a la intervención de Ulises Lara, quien se trasladó al lugar y se negó a colaborar con los agentes de Chihuahua, alegando la falta de un oficio de colaboración válido entre ambas fiscalías.
Según la información proporcionada por Lara López en una conferencia de prensa ofrecida la mañana del jueves, fue alertado por el equipo de Javier Corral acerca de la presencia de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua en el restaurante. Estos elementos, dijo, pretendían “privarlo de su libertad bajo el argumento del cumplimiento de una orden judicial”. Ante esta situación, Lara decidió trasladarse personalmente al lugar de los hechos para verificar la legalidad de la diligencia.
En su declaración, Ulises Lara aseguró que, al llegar al restaurante, constató que los agentes de Chihuahua intentaban actuar basándose en un oficio interno fechado el 14 de agosto de 2024, el cual, según explicó, no cumplía con los requisitos necesarios para proceder con la detención en la Ciudad de México. “Pude confirmar que se buscaba llevar a cabo la diligencia, al amparo de un oficio interno que no corresponde a una aceptación de la colaboración entre fiscalías”, detalló Lara.
El funcionario aclaró que el documento en cuestión había sido recibido por la Dirección General de Atención y de Cumplimientos de Ordenamientos Judiciales de la FGJ-CDMX a las 20:16 horas, y que aún se encontraba en proceso de análisis, por lo que no se había emitido una respuesta oficial. En este sentido, subrayó que el personal de la Fiscalía de Chihuahua no contaba con el respaldo legal necesario para actuar en la capital del país.
“Solo se trataba de un documento interno que bajo ninguna circunstancia les faculta a irrumpir en una entidad foránea y con ello violentar su soberanía, y mucho menos a cumplimentar un mandamiento judicial”, precisó Ulises Lara, al tiempo que negó categóricamente que su intervención pudiera calificarse como un “rescate” del exgobernador.
Tras la llegada de Ulises Lara al restaurante, Javier Corral se retiró del lugar y se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía de la CDMX para aclarar su situación jurídica. Posteriormente, se retiró del lugar sin que se impidiera su libre tránsito.
La situación ha generado reacciones encontradas. En paralelo, Javier Corral informó que ha presentado una denuncia contra la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y contra el titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguín, por “haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de Abuso de Autoridad, Privación Ilegal de la Libertad en grado de tentativa y lo que resulte”.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua acusó a la FGJ-CDMX de “obstaculizar” de manera inusual las diligencias para llevar a cabo la detención de Javier Corral. La orden de aprehensión, según el oficio recibido por la Fiscalía capitalina, sigue vigente hasta el 20 de agosto, plazo en el cual las autoridades de Chihuahua disponen para realizar la diligencia correspondiente.
Este caso ha avivado las tensiones entre las autoridades de Chihuahua y la Ciudad de México, y plantea interrogantes sobre la colaboración interinstitucional en la aplicación de la justicia en el país.