Un juez de Xalapa canceló la orden de aprehensión contra Miguel Ángel Yunes Márquez, señalando fallas.
Un juez de control del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, canceló la orden de aprehensión que pesaba contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez desde julio de este año, bajo los cargos de usar documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. La determinación fue notificada por el juez Óscar Luis Lozada Hernández a la jueza encargada del juicio de amparo interpuesto por el legislador, según reportes del periodista René Cruz.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz había solicitado una Alerta Migratoria y una Ficha Roja a nivel internacional para localizar y detener a Yunes Márquez, quien había sido señalado por presuntas irregularidades cometidas mientras fungía como alcalde de Boca del Río. La Fiscalía lo acusó de presentar documentación apócrifa en 2021, cuando aspiraba a contender nuevamente por la alcaldía de Veracruz.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó que retiraba la solicitud de extradición planteada ante las autoridades estadounidenses. Este giro en el caso pone fin, al menos por ahora, a la búsqueda internacional que enfrentaba el legislador.
¿Persecución política o delitos comprobables?
Yunes Márquez, exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN), calificó las acusaciones en su contra como una “persecución política”. Su postura cobró fuerza luego de que, al asumir como senador, votara a favor de la reforma al Poder Judicial impulsada por el gobierno federal, lo que desató críticas y rechazo entre la oposición, incluyendo miembros de su propio partido.
El caso generó controversia entre sectores políticos y sociales en Veracruz, donde Yunes Márquez proviene de una familia con fuerte arraigo político. Su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, fue gobernador del estado, lo que alimenta el debate sobre la relación entre justicia y política en México.
Próximos pasos legales
En un oficio reciente, la jueza federal solicitó al Ministerio Público Federal y al local que, en un plazo de tres días, informen sobre el estado procesal del caso de Yunes Márquez. Este requerimiento será clave para determinar si existen otras acciones legales pendientes o si el caso queda cerrado definitivamente.
Por ahora, el desenlace beneficia al senador, quien podrá concentrarse en su labor legislativa sin el peso de una orden de captura. Sin embargo, el debate sobre las razones detrás de las acusaciones y su cancelación persiste, dejando abiertas preguntas sobre la imparcialidad en el uso de las instituciones judiciales en contextos políticos.