La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó no haber sido notificada sobre la orden de retirar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación y acusó que eliminarla sería un retroceso histórico.
Este martes 22 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó durante su habitual conferencia de prensa matutina que aún no ha recibido la notificación oficial por parte de la jueza Nancy Juárez Salas para eliminar el decreto de la Reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF). Pese a que la noticia ha circulado en diversos medios desde el 17 de octubre, Sheinbaum sostuvo que ni ella ni su equipo jurídico han sido informados formalmente sobre la decisión del Juzgado Decimonoveno de Distrito con sede en Veracruz.
“Fíjense, otro tema, sale la publicación en un medio y no hemos sido notificados”, subrayó Sheinbaum, quien aseguró haber consultado a la consejera jurídica, Ernestina Godoy, para corroborar la situación. Hasta el momento, indicó que no han recibido ninguna comunicación oficial por parte del juzgado.
La controversia surge a raíz de la orden emitida por la jueza Juárez Salas, quien el 24 de septiembre solicitó al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador eliminar el decreto de reforma judicial del DOF, que había sido publicado el 15 de septiembre. Ante la falta de cumplimiento por parte del exmandatario, la jueza tramitó un nuevo amparo en el que calificó la actitud del expresidente como “omisa”, y dirigió la misma petición a Sheinbaum, ahora titular del Ejecutivo.
“¿Quieren que se mutile?”
Durante la conferencia, la presidenta mostró su desacuerdo con la resolución judicial y manifestó su incredulidad ante la posibilidad de que se pueda eliminar un decreto ya publicado en el DOF. “No hay antecedentes de que una jueza haya pedido eliminar un decreto del Diario Oficial”, afirmó, señalando que este medio es el vehículo oficial a través del cual se difunden las leyes, decretos y disposiciones gubernamentales para su observancia.
Sheinbaum fue enfática en su postura al cuestionar qué significaría “eliminar” un decreto del DOF. “¿Qué quiere decir eliminar? ¿Arrancar de la constitución? Eso es lo que quieren, que se mutile (…), que se regrese al fascismo, a quemar y a romper libros”, declaró. Su pronunciamiento subrayó una preocupación por lo que considera un peligroso precedente en el ámbito jurídico, asemejando la eliminación de un decreto a una mutilación de la legislación nacional.
Acciones legales en curso
Pese a la advertencia emitida por la jueza, que incluyó un apercibimiento de dar vista al Ministerio Público Federal en caso de incumplimiento, Sheinbaum reafirmó su negativa a cumplir con la orden. Además, anunció que su administración interpondrá una demanda en contra de la jueza Juárez Salas por presunta violación al Artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que no proceden los juicios de amparo en casos relacionados con reformas constitucionales.
La presidenta calificó de inconstitucional el amparo promovido por la jueza, argumentando que las reformas constitucionales, como la que se refiere a la Reforma al Poder Judicial, no pueden ser anuladas mediante una decisión judicial de esta índole. Asimismo, Sheinbaum criticó lo que describió como una intención de “mutilar” el marco legal del país al intentar eliminar un decreto ya inscrito en el Diario Oficial.
Contexto del enfrentamiento
La disputa entre la jueza Juárez Salas y el Ejecutivo federal se originó tras la publicación de la Reforma al Poder Judicial en septiembre. Esta reforma, impulsada durante el mandato de López Obrador, introdujo una serie de modificaciones al sistema judicial, lo que provocó controversias en varios sectores.
El mandato judicial de eliminar el decreto ha sido interpretado por la administración de Sheinbaum como un desafío no solo a su gobierno, sino al funcionamiento mismo de las instituciones legales del país. Mientras tanto, los detractores de la reforma han apoyado la decisión de la jueza, argumentando que la reforma vulnera principios fundamentales de la justicia.
Con este escenario, el conflicto entre la Presidencia y el Poder Judicial parece estar lejos de resolverse, y las implicaciones legales de este enfrentamiento podrían tener un impacto significativo en la estabilidad del marco institucional mexicano en los próximos meses.