La presidenta rechazó los señalamientos sobre presuntos informantes de Morena y pidió pruebas verificables.
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este lunes la solidez del reportaje publicado por The New York Times sobre supuestos funcionarios de Morena que colaborarían con autoridades estadounidenses, al asegurar que el Gobierno de México no tiene conocimiento alguno de esos hechos y poner en duda la validez de una investigación sustentada en fuentes anónimas.
Sheinbaum exige claridad sobre las fuentes
Durante su intervención, la mandataria federal expresó sus reservas sobre la publicación y cuestionó la manera en que se construyó la información difundida por el diario estadounidense. “¿Cómo puede haber una nota si en un periódico que se dice ser de los mejores periódicos del mundo me dijeron una fuente, quién sabe quién, que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos? Esa es la nota”, manifestó.
La presidenta precisó que el Ejecutivo federal no posee datos que indiquen que algún funcionario mexicano esté cooperando con el Gobierno estadounidense o con el Departamento de Justicia. Asimismo, planteó dudas sobre el tipo de información que supuestamente estaría siendo compartida y sostuvo que no existen elementos oficiales que permitan emitir una valoración al respecto.
Sheinbaum también recordó la carta enviada por el gobernador Alfonso Durazo al periódico neoyorquino para solicitar una rectificación, señalando que uno de los personajes mencionados en la investigación ha rechazado públicamente las afirmaciones difundidas. A su juicio, ello refuerza la ausencia de certeza sobre los señalamientos presentados.
El reportaje del NYT y la reacción de Morena
La investigación publicada el pasado 27 de junio sostiene que diversos funcionarios de Morena habrían mantenido conversaciones reservadas con autoridades estadounidenses en medio del incremento de pesquisas relacionadas con presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales.
El trabajo periodístico, firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, señala que la información proviene de entrevistas realizadas a más de una decena de personas que participaron o tuvieron conocimiento de esos contactos y que solicitaron mantener el anonimato debido a la naturaleza confidencial de las conversaciones.
Según el reporte, al menos una docena de funcionarios electos, incluidos gobernadores y legisladores, habrían establecido comunicación con autoridades estadounidenses para compartir información sobre otros integrantes del movimiento político. El diario plantea que algunos de esos acercamientos responderían al interés de ciertos actores por anticiparse a eventuales investigaciones futuras.
La publicación vincula el inicio de esos contactos con las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a finales de abril contra diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, incluido el entonces gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
Durazo y dirigentes morenistas rechazan la publicación
El gobernador Alfonso Durazo envió una carta dirigida al presidente y al editor ejecutivo del diario para solicitar una aclaración formal. En el documento sostuvo que la publicación retomó información previamente difundida por otros medios sin aportar elementos adicionales que permitieran corroborar los señalamientos realizados.
Durazo pidió que el periódico precise que no existe información oficial confirmada que lo relacione con investigaciones, requerimientos judiciales o imputaciones en territorio estadounidense. El mandatario sonorense insistió en que no ha recibido ninguna notificación que sustente las versiones difundidas.
Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, calificó el reportaje como parte de una narrativa impulsada por sectores de la ultraderecha nacional e internacional. La dirigente aseguró que el movimiento no protegerá conductas indebidas, pero tampoco permitirá que se consoliden acusaciones sin pruebas verificables.
El propio reportaje del New York Times plantea que las investigaciones estadounidenses han generado posiciones distintas dentro del oficialismo mexicano. Mientras algunos funcionarios favorecerían una cooperación más estrecha con Washington, otros consideran que las acciones impulsadas por la administración de Donald Trump representan una injerencia en asuntos internos del país.
Hasta ahora, ni la DEA ni el Gobierno de México han emitido pronunciamientos oficiales que confirmen o desmientan la información contenida en la publicación estadounidense.
