El gobernador Rubén Rocha Moya regresó al cargo tras tres meses de licencia, mientras continúan las investigaciones por señalamientos de Estados Unidos.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, retomó este viernes sus funciones al frente del estado, después de permanecer tres meses separado del cargo. Su regreso ocurre en medio de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República y de acusaciones formuladas por Estados Unidos sobre sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos.
Rocha Moya había solicitado licencia temporal el pasado 1 de mayo. Explicó entonces que buscaba separarse mientras avanzaban las investigaciones iniciadas por autoridades mexicanas. El Congreso de Sinaloa aprobó la licencia y designó a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina.
Ahora, el mandatario decidió regresar al Palacio de Gobierno y completar el periodo para el cual fue elegido. Su mandato constitucional concluye el 31 de octubre de 2027. Rocha Moya sostuvo que vuelve con la convicción de que debe cumplir con su responsabilidad institucional.
Las acusaciones de Estados Unidos
El regreso del gobernador ocurre después de una acusación presentada en abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El documento estadounidense incluyó a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios actuales y anteriores de Sinaloa.
Según las autoridades estadounidenses, los señalados habrían conspirado con dirigentes del Cártel de Sinaloa. La acusación sostiene que existieron acuerdos relacionados con el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. También menciona presuntos pagos y apoyo político.
Dentro de las acusaciones aparece específicamente la facción de Los Chapitos. Ese grupo está integrado por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y mantiene una disputa por el control del Cártel de Sinaloa.
Las autoridades estadounidenses sostienen que funcionarios sinaloenses habrían facilitado actividades del grupo criminal. Sin embargo, estos señalamientos corresponden a una acusación judicial y no representan una sentencia contra Rocha Moya.
El gobernador ha rechazado de manera reiterada las acusaciones. Durante su licencia compareció ante la FGR y aseguró estar dispuesto a colaborar con las investigaciones.
La propia Fiscalía mexicana informó que abrió una investigación relacionada con los diez ciudadanos sinaloenses señalados por Estados Unidos. También confirmó que varios de ellos fueron citados para rendir entrevistas ante el Ministerio Público Federal.
Rocha Moya enfrenta la investigación en México
La posición de las autoridades mexicanas ha sido diferente a la presentada por Estados Unidos. La FGR informó que, inicialmente, no encontró elementos suficientes para ejecutar una detención provisional contra los señalados.
La Fiscalía solicitó información y elementos adicionales a las autoridades estadounidenses. El argumento central fue que cualquier medida de detención debe sustentarse en pruebas suficientes. También debe respetar los procedimientos establecidos entre ambos países.
Durante su separación del cargo, Rocha Moya compareció personalmente ante la Fiscalía. El gobernador afirmó que respondió las preguntas formuladas por el Ministerio Público Federal. También aseguró que acudiría a cualquier nuevo citatorio.
El Gobierno federal informó posteriormente que cinco de las diez personas investigadas ya habían comparecido. La FGR indicó que las indagatorias continuarían para determinar posibles responsabilidades.
Otro elemento relevante fue la confirmación de que Rocha Moya no contaba con una Notificación Roja de Interpol. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre esa situación en mayo.
Por ello, su regreso a la gubernatura no significa el cierre de la investigación. Tampoco representa una resolución definitiva sobre las acusaciones estadounidenses.
El mandatario vuelve al cargo mientras el expediente continúa abierto. Su reincorporación también coloca nuevamente al gobierno de Sinaloa en el centro de la disputa bilateral.
Un regreso marcado por la tensión bilateral
El retorno de Rocha Moya ocurre en un momento especialmente delicado para la relación entre México y Estados Unidos. Las acusaciones contra el gobernador provocaron fuertes cuestionamientos políticos dentro de México.
El caso también generó un debate sobre soberanía, cooperación judicial y combate al narcotráfico. El gobierno mexicano ha insistido en que las autoridades nacionales deben actuar conforme a sus propias leyes.
Rocha Moya ha presentado los señalamientos como acusaciones que buscan afectar su reputación. También ha respaldado públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y su postura frente a las presiones estadounidenses.
Su regreso, por tanto, representa un nuevo capítulo dentro de un conflicto que todavía no termina. El gobernador conserva el cargo, pero las investigaciones sobre los señalamientos continúan.
A esto se suma la reciente detención de Fausto Corrales Rodríguez, señalado como testigo clave en las investigaciones relacionadas con Ismael “El Mayo” Zambada y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda. El caso vuelve a colocar bajo escrutinio el entorno político de Sinaloa.
La situación también coincide con procesos judiciales contra otros funcionarios relacionados con la administración sinaloense. Uno de ellos es el exsecretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida, quien fue acusado en Estados Unidos de colaborar presuntamente con Los Chapitos.
El regreso de Rocha Moya no elimina esas investigaciones. Tampoco modifica por sí mismo las acusaciones presentadas ante la justicia estadounidense.
Por ahora, el gobernador sostiene su inocencia y mantiene su defensa dentro de las instituciones mexicanas. Su decisión de regresar implica asumir nuevamente el control político y administrativo de Sinaloa.
La controversia, sin embargo, permanecerá sobre su administración mientras continúen las indagatorias. El desenlace dependerá de las pruebas que puedan presentar las autoridades de ambos países.
Rocha Moya enfrenta así una etapa decisiva de su gobierno. Regresa al poder estatal mientras persisten los señalamientos de Estados Unidos y la investigación de la FGR.
El caso mantiene abierta una de las mayores controversias políticas de Sinaloa. También representa un nuevo punto de tensión entre las estrategias de seguridad de México y Estados Unidos.
