Un estudiante cuestionó al secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, durante una jornada de prevención de adicciones del 18 de noviembre y acusó presunta colusión entre Morena y el narcotráfico. El funcionario respondió que no se protege a quienes delinquen. La confrontación expuso una exigencia incómoda para la administración de Salomón Jara: prevenir el consumo también obliga a responder por el combate a la distribución.
Oaxaca: el reclamo que desbordó la campaña antidrogas
La intervención ocurrió en un bachillerato durante una actividad del programa Oaxaca Segura: Sin drogas salvas tu vida. La cobertura de El Universal Oaxaca, firmada por Juan Carlos Zavala el 19 de noviembre, documentó que el alumno reclamó a las autoridades no limitar la prevención a pedir responsabilidad a los jóvenes.
El estudiante señaló presuntos vínculos de autoridades con grupos criminales y mencionó la detención del entonces alcalde de Juchitán como argumento de su inconformidad. Sus afirmaciones son acusaciones expresadas en un acto público, no una sentencia ni una acreditación judicial de complicidad del gobierno estatal o del partido Morena.
El punto político del reclamo es distinto de dar por probada esa acusación: una campaña escolar puede informar sobre riesgos, pero no sustituye la obligación de investigar la venta de drogas y las posibles redes de protección. Pedir a los estudiantes que tomen mejores decisiones no responde, por sí solo, qué hacen las autoridades frente a quienes abastecen el mercado ilegal.
Romero niega protección y presume detenciones
De acuerdo con la respuesta recogida por Quadratín Oaxaca, Romero reconoció el derecho del alumno a cuestionar a los servidores públicos y sostuvo que las autoridades no protegen a quienes cometen delitos. Defendió el trabajo de la mesa de seguridad y afirmó que hay más de 360 personas detenidas en Juchitán, incluido el presidente municipal.
La cifra corresponde a lo afirmado por el secretario; no se presenta aquí como un total auditado de condenas. Una detención no equivale a una sentencia. El funcionario también manifestó disposición para dialogar y aseguró que quienes dañen a los jóvenes, secuestren o extorsionen deben enfrentar la justicia, tengan o no un cargo político.
Página 3 identificó dos materiales de base: el video del evento escolar y el mensaje de respuesta del gobierno. Esa distinción importa: permite separar el cuestionamiento ciudadano de la posición oficial, sin convertir la difusión de un video en prueba de los delitos que se mencionan.
La respuesta debe ir más allá de aceptar la crítica
Que un funcionario reconozca la libertad de expresión del estudiante es lo mínimo exigible, no un resultado en materia de seguridad. La discusión de fondo requiere saber qué investigaciones se realizan y qué consecuencias enfrentan las autoridades cuando existen indicios de protección criminal. Tampoco sería riguroso afirmar que no hay ninguna actuación cuando el gobierno sostiene lo contrario.
El escrutinio sobre la administración de Jara tiene otros frentes, como la denuncia de amenazas de una diputada del PT y la falta de fecha de retorno para familias de Tierra Blanca. Son casos distintos: ninguno acredita automáticamente las acusaciones formuladas por el alumno.
La exigencia que dejó el acto es concreta: el gobierno no puede evaluar su estrategia únicamente por las charlas impartidas. Debe sostener su negativa de protección al delito con investigaciones y resultados verificables. Escuchar el reclamo abre una conversación; responder con evidencia es la parte que sigue pendiente de examen público.







