La UIF detalló el esquema de contratos, empresas fachada y triangulación de recursos ligado al exsecretario de Seguridad.
El caso de Genaro García Luna volvió al centro de la agenda pública. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó nuevos detalles sobre la red financiera vinculada con el exsecretario. La información fue expuesta este viernes durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó cómo se reconstruyó la ruta de los recursos. El análisis abarca operaciones realizadas entre 2008 y 2018. El esquema habría utilizado contratos públicos, empresas fachada y movimientos financieros entre distintas jurisdicciones.
Contratos y empresas fachada
De acuerdo con la UIF, el entramado comenzó mediante contratos celebrados con empresas vinculadas. Una parte importante correspondió al entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Los contratos identificados alcanzaron 403 millones 937 mil 741 dólares. La investigación señala una presunta simulación en la prestación de servicios. También detectó participación coordinada de servidores públicos y particulares. Entre las empresas señaladas aparece NUNVAV Inc.
El mecanismo no se limitaba a recibir recursos mediante contratos gubernamentales. Según la UIF, las empresas tenían funciones dentro de una estructura financiera más amplia. Algunas operaciones buscaban aparentar transacciones comerciales ordinarias. Con ello, los movimientos podían presentarse como pagos legítimos por servicios contratados. El esquema también habría permitido incrementar el volumen de recursos extraídos. Posteriormente, parte del dinero era enviado hacia otras jurisdicciones. Entre ellas figuraban Estados Unidos y otros países relacionados con la red financiera.
La información oficial presentada previamente por la Cámara de Diputados permite dimensionar la estructura contractual. Entre 2006 y 2012 se identificaron diez contratos por 316.6 millones de dólares. Estos recursos provinieron de dependencias federales relacionadas con seguridad y prisiones. En ese periodo aparecieron empresas como Nice System Ltd. y NUNVAV Inc.
El esquema continuó después de que García Luna dejó la Secretaría de Seguridad Pública. Entre 2012 y 2018 se identificaron otros contratos vinculados con empresas relacionadas. La documentación parlamentaria reportó 19 contratos por más de 410 millones de dólares. También se documentaron montos adicionales en moneda nacional.
Uno de los elementos señalados fue Glac Security Consulting. La empresa era propiedad directa de García Luna, según la documentación presentada. En la Ciudad de México recibió un reconocimiento de adeudo por más de 26.6 millones de pesos. El pago correspondió a servicios de consultoría y procesamiento de información estratégica.
La ruta del dinero
La investigación financiera permitió reconstruir movimientos realizados entre 2015 y 2017. Según la UIF, García Luna habría fondeado el conglomerado empresarial con recursos millonarios. El análisis identificó transferencias entre sociedades y cuentas relacionadas. También detectó movimientos hacia jurisdicciones como Miami y Florida.
La familia Weinberg aparece como una pieza relevante dentro de esta estructura. La UIF señaló su participación en empresas vinculadas con García Luna. Estas compañías fueron beneficiadas con 30 contratos gubernamentales. La investigación sostiene que los contratos incluían sobreprecios y operaciones financieras posteriores. El objetivo habría sido extraer recursos públicos y moverlos mediante sociedades relacionadas.
El gobierno mexicano ha señalado diferentes cifras acumuladas dentro de la investigación. En la exposición presentada este viernes se habló de aproximadamente 528 millones de pesos. También se identificaron alrededor de 727.9 millones de dólares en recursos desviados. Estas cifras corresponden al conjunto del entramado analizado por las autoridades.
El caso también tiene una dimensión internacional. La UIF trabajó con la Fiscalía General de la República, el SAT y autoridades financieras. También recurrió a mecanismos de asistencia jurídica internacional. Entre los países mencionados están Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
La investigación penal comenzó con una denuncia presentada por la UIF. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía en diciembre de 2019. Posteriormente, en septiembre de 2021, se presentó una demanda civil en Florida. El objetivo fue recuperar activos presuntamente desviados del erario mexicano.
El proceso avanzó durante los años siguientes. En 2023 se reportaron órdenes de aprehensión contra 61 personas. De ese grupo, 17 detenciones fueron consideradas relevantes para el caso. Las autoridades también iniciaron audiencias y procesos de imputación.
México recupera parte de los activos
El litigio civil en Estados Unidos produjo nuevos resultados durante 2026. El 19 de mayo, un tribunal de Florida emitió una sentencia definitiva contra la familia Weinberg. El fallo reconoció responsabilidades relacionadas con contrataciones públicas vinculadas con García Luna. El monto señalado en el proceso fue de aproximadamente 578.5 millones de dólares.
La resolución permitió avanzar en la recuperación de activos para el Estado mexicano. La UIF informó sobre la recuperación de recursos vinculados con una póliza. También se liquidaron 12 propiedades localizadas en Florida. La operación permitió transferir aproximadamente 5.8 millones de dólares a México.
Los recursos recuperados fueron recibidos por la Tesorería de la Federación. Sin embargo, el proceso todavía no termina. La UIF indicó que permanecen pendientes otros activos relacionados con el caso. Por ello, las autoridades mexicanas mantienen las acciones para recuperar más recursos.
El caso financiero se suma a la condena que García Luna recibió en Estados Unidos. En octubre de 2024, un juez federal de Nueva York le impuso 460 meses de prisión. La sentencia también incluyó una multa de dos millones de dólares. Un jurado lo había declarado culpable en 2023 de varios cargos relacionados con narcotráfico.
El Departamento de Justicia estadounidense señaló que García Luna recibió millones de dólares en sobornos. Según el expediente, los pagos provenían del Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses sostuvieron que utilizó sus cargos para favorecer las operaciones del grupo criminal. También se documentó la entrega de información confidencial sobre investigaciones y operativos.
Así, el caso reúne dos vertientes distintas pero relacionadas. Una corresponde a los sobornos vinculados con el narcotráfico. La otra se refiere al entramado de contratos y movimientos financieros investigado por México. Ambas investigaciones muestran el alcance de las acusaciones contra el exfuncionario. También explican por qué las autoridades mexicanas mantienen abierta la recuperación de activos.
La nueva información de la UIF permite observar el mecanismo financiero con mayor detalle. El esquema habría combinado contratos públicos, empresas vinculadas y movimientos entre cuentas. También habría utilizado operaciones comerciales para ocultar el origen de los recursos. La ruta internacional permitió desplazar parte del dinero fuera de México.
El objetivo actual de las autoridades mexicanas es recuperar los activos identificados. La estrategia incluye procesos judiciales nacionales e internacionales. También contempla cooperación con instituciones financieras y autoridades extranjeras. Mientras tanto, el caso de García Luna continúa siendo uno de los mayores expedientes de corrupción vinculados con seguridad pública en México.
