CIUDAD DE MÉXICO.— La propuesta para restringir el acceso de personas con doble nacionalidad a la Presidencia de la República y otros altos cargos abrió un nuevo frente político en el Congreso, donde la iniciativa enfrenta críticas de la oposición y reservas entre algunos aliados del oficialismo.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el planteamiento al sostener que una persona puede conservar dos o más nacionalidades, pero que quien aspire a encabezar el Estado mexicano debería renunciar previamente a cualquier ciudadanía adicional. Según su argumento, la medida establecería una condición para el ejercicio del cargo y no una pérdida general de derechos.
Una reforma con alcance constitucional
El proyecto plantea modificar los requisitos de elegibilidad para puestos como la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México. Al tratarse de una reforma constitucional, necesita una mayoría calificada en ambas cámaras y posteriormente la aprobación de la mayoría de los congresos estatales.
La discusión no se limita a un criterio administrativo. Sus defensores presentan la exigencia como una garantía de lealtad institucional exclusiva, mientras sus críticos advierten que podría discriminar a millones de mexicanos con ciudadanía adicional, incluidos integrantes de comunidades migrantes.
El debate también toca a figuras de distintas fuerzas políticas. Legisladores y dirigentes con doble nacionalidad podrían verse obligados a renunciar a una de ellas antes de competir por determinados cargos. Esa consecuencia ha generado reservas incluso entre partidos que habitualmente acompañan las iniciativas del Gobierno.
Sheinbaum rechaza que se retiren derechos
Durante su conferencia matutina del 9 de septiembre, Sheinbaum afirmó que la propuesta no impediría a una persona conservar múltiples nacionalidades en su vida privada. El cambio se aplicaría únicamente cuando pretenda ocupar la máxima representación política del país o una gubernatura.
La mandataria comparó el criterio con las restricciones existentes para ciertos cargos diplomáticos y sostuvo que la persona titular del Ejecutivo debe representar exclusivamente a México. La oposición, en cambio, ha cuestionado la necesidad de una reforma de este tipo y ha pedido revisar su compatibilidad con los derechos políticos reconocidos por la Constitución.
El Congreso definirá el alcance
La redacción final será determinante para establecer a qué puestos aplicará, en qué momento tendría que acreditarse la renuncia a otra nacionalidad y si existirán reglas de transición. También deberá precisarse el tratamiento de quienes adquirieron una segunda ciudadanía por nacimiento y no por decisión propia.
La iniciativa avanza en un escenario en el que el oficialismo necesita mantener cohesionados a sus aliados para alcanzar los votos constitucionales. Las diferencias internas convierten el proyecto en una prueba de negociación legislativa y anticipan un debate sobre identidad nacional, representación política y derechos de la diáspora.
Mientras las cámaras analizan el texto, especialistas y organizaciones de mexicanos en el exterior previsiblemente centrarán la discusión en la proporcionalidad de la medida. El resultado dependerá tanto de la aritmética parlamentaria como de los ajustes que se incorporen durante el proceso legislativo.
