TAOS, NUEVO MÉXICO.— La sugerencia del presidente Donald Trump de cambiar el nombre del estado de Nuevo México por “Nueva América” generó rechazo entre políticos republicanos y demócratas, residentes y especialistas en la historia de la región.
Trump presentó la idea el domingo, en momentos en que Estados Unidos intensifica las negociaciones comerciales con México. La Casa Blanca no respondió públicamente a las críticas ni aclaró si existe un procedimiento formal para impulsar el cambio.
Un nombre con más de 450 años de historia
Nuevo México ha sido identificado con ese nombre desde la década de 1560, cuando exploradores españoles utilizaron la expresión “La Nueva México” para referirse al territorio, explicó el historiador estatal Rob Martínez.
La zona estuvo bajo dominio español y pasó a formar parte de México en 1821. Tres décadas después fue ocupada por Estados Unidos, y en 1912 se convirtió en el estado número 47 de la Unión.
Habitantes consultados en Taos consideraron que sustituir el nombre afectaría una identidad construida con raíces indígenas, españolas y mexicanas. Nuevo México tiene la proporción más alta de población hispana y latina entre los estados del país, cercana al 49 por ciento.
La propuesta cruza las líneas partidistas
Funcionarios estatales de ambos partidos rechazaron la sugerencia. Las críticas no se limitaron a adversarios de Trump: algunos residentes que votaron por el republicano en 2024 también expresaron oposición al cambio.
Ethel Yazza, integrante de las comunidades indígenas Santa Clara y Picuris, defendió la continuidad del nombre. Otros entrevistados señalaron que “Nueva América” no refleja la historia del territorio ni su diversidad cultural.
El planteamiento ocurre después de otras decisiones presidenciales relacionadas con nombres geográficos. Trump rebautizó el Golfo de México como Golfo de América y, en agosto, cambió la denominación estadounidense del lago Ontario tras el deterioro de las conversaciones comerciales con Canadá.
Un eventual cambio del nombre estatal enfrentaría obstáculos jurídicos y políticos. La Constitución de Estados Unidos no concede al presidente una facultad directa para renombrar unilateralmente una entidad federativa, por lo que cualquier iniciativa tendría que pasar por procesos institucionales y legislativos.
Hasta ahora, la propuesta permanece como una declaración política. La respuesta inmediata en Nuevo México muestra que el debate involucra mucho más que una modificación administrativa: toca la memoria histórica y la identidad de una población marcada por varias tradiciones culturales.
Fuentes: Reuters y Museo de Historia de Nuevo México.
