CIUDAD DE MÉXICO.— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que ha bloqueado a más de 38 mil empresas identificadas como factureras durante el actual sexenio, como parte de su estrategia contra las operaciones simuladas y la evasión fiscal.
Antonio Martínez Dagnino, titular del organismo, agregó que alrededor de tres mil empresas han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que se realizaron cerca de dos mil auditorías a contribuyentes que adquirieron comprobantes presuntamente falsos.
Facturas falsas y pérdidas fiscales bajo revisión
La autoridad fiscal explicó que sus revisiones han detectado compañías que incorporan facturas posiblemente apócrifas dentro de sus gastos para reducir el Impuesto sobre la Renta. También identificó un uso reiterado de pérdidas fiscales para disminuir o aplazar el pago de contribuciones.
Según los datos expuestos por el SAT, 129 mil empresas declararon pérdidas durante tres ejercicios fiscales consecutivos y 54 mil acumularon cinco años sin pagar ISR al reportar resultados negativos. Estas cifras no implican por sí mismas que todas hayan cometido un delito, pero sí forman parte de los patrones que la autoridad pretende revisar con mayor precisión.
La distinción es relevante: registrar pérdidas puede ser legítimo cuando responde a la operación real de una empresa. El problema surge cuando se construyen artificialmente mediante comprobantes de operaciones inexistentes, deducciones improcedentes o mecanismos destinados a erosionar la base gravable.
Nuevas reglas en el Paquete de Ingresos
El Gobierno federal incluyó en su propuesta de ingresos para 2027 mecanismos adicionales de control sobre deducciones y pérdidas fiscales. El objetivo anunciado es elevar la recaudación mediante el combate a la evasión, sin crear impuestos generales nuevos.
Martínez Dagnino indicó que el diseño tomó como referencia controles aplicados en Estados Unidos, la Unión Europea y recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El Congreso deberá revisar el alcance de las medidas y definir si ofrecen garantías suficientes para contribuyentes que operan legalmente.
El reto será equilibrar la fiscalización con la certeza jurídica. Una supervisión más estricta puede recuperar recursos públicos y reducir la competencia desleal, pero también requiere procedimientos claros de notificación, defensa y corrección para evitar que empresas legítimas queden atrapadas en revisiones prolongadas.
Impacto para empresas y contribuyentes
Las medidas obligarán a reforzar la documentación de servicios, compras y deducciones. Las compañías tendrán que verificar con mayor cuidado la situación fiscal de proveedores y conservar evidencia de que las operaciones realmente se realizaron.
Para el SAT, el combate a las factureras es una de las principales vías para ampliar los ingresos tributarios sin elevar tasas. Para el sector privado, la discusión estará en los criterios que se utilicen para diferenciar una planeación fiscal permitida de una conducta evasiva.
La propuesta todavía debe pasar por el Congreso. Durante ese proceso podrán modificarse plazos, sanciones y mecanismos de comprobación antes de que las nuevas reglas entren en vigor.
