El Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó el 8 de octubre, por tercera ocasión, un proyecto para fiscalizar con reglas específicas las precampañas adelantadas rumbo a 2027. La mayoría sostuvo que la propuesta tenía deficiencias jurídicas y no había sido suficientemente consensuada. Sus impulsores advirtieron que los gastos partidistas podrían revisarse hasta después de la elección, cuando cualquier ventaja indebida sería difícil de corregir.
INE rechaza reglas para fiscalizar precampañas de 2027
El proyecto fue presentado por los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey. También recibió el voto favorable de Rita Bell López. En contra se pronunciaron la presidenta Guadalupe Taddei, Jorge Montaño, Norma de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Frida Gómez Puga, Blanca Cruz y Arturo Chávez, de acuerdo con el recuento de la sesión.
Los lineamientos buscaban que los partidos identificaran y reportaran los recursos utilizados en recorridos, eventos, encuestas, propaganda y difusión digital vinculados con procesos políticos internos. La propuesta no pretendía declarar ilegales esas actividades de manera automática, sino conocer oportunamente el origen, monto, destino y aplicación del dinero.
Castillo explicó que los gastos podrán registrarse ahora en la contabilidad ordinaria de los partidos, pero sus conclusiones podrían conocerse hasta el segundo semestre de 2027, después de la jornada electoral. En la versión estenográfica oficial, el consejero sostuvo que esa revisión tardía impediría sumar a tiempo posibles actos anticipados a los topes de precampaña o campaña.
La mayoría cuestionó facultades y falta de consenso
Norma de la Cruz consideró que el documento contenía contradicciones y podía invadir materias que corresponden a procedimientos sancionadores o autoridades electorales locales. Taddei afirmó que la propuesta no fue trabajada con todas las consejerías ni suficientemente socializada con los partidos, aunque aseguró que el rechazo no significa abandonar la responsabilidad fiscalizadora.
La diferencia es relevante: el INE mantiene facultades para revisar la contabilidad ordinaria, requerir información a proveedores e investigar gastos no reportados bajo las normas vigentes. Lo que quedó sin aprobación fue un mecanismo específico de monitoreo y visitas de verificación para actividades políticas adelantadas. La mayoría tampoco fijó una fecha para presentar un nuevo proyecto.
El debate ocurre mientras Morena, sus aliados y otras fuerzas políticas definen liderazgos y candidaturas para los comicios de 2027. Este medio ha documentado tanto el choque entre Morena y el PT por las candidaturas como la reserva del padrón de aspirantes morenistas. La ausencia de reglas especiales alcanza a todas las fuerzas, aunque el oficialismo concentra buena parte de la competencia interna por el número de cargos en disputa.
El vacío llega con el proceso electoral en marcha
El proceso electoral federal 2026-2027 comenzó formalmente el 10 de septiembre. Las precampañas para diputaciones federales están previstas del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, según el calendario aprobado por el INE. El margen para establecer controles preventivos se redujo a menos de tres meses.
El rechazo no convierte los actos anticipados en legales ni elimina las sanciones existentes. Sin embargo, deja pendiente cómo se vigilarán en tiempo real los recursos gastados antes del periodo formal. Si la fiscalización llega después de la elección, el costo institucional será determinar responsabilidades cuando la competencia ya haya concluido y la posible ventaja política no pueda revertirse.







