Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados. Foto: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Derechos 2027 y la envió al Senado con aumentos en cuotas migratorias, visas, servicios sanitarios y uso de infraestructura federal. El cambio de mayor impacto político destina 57% del cobro a visitantes extranjeros a un fideicomiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para el Tren Maya y el AIFA, lo que vuelve central la vigilancia sobre el uso de esos recursos.
Ley de Derechos 2027: cobros que subirían
El pleno avaló en lo general el dictamen con 329 votos a favor y 117 en contra; en la votación final de los artículos reservados registró 339 sufragios a favor, 113 en contra y dos abstenciones. El proyecto todavía debe pasar por el Senado antes de convertirse en norma aplicable durante 2027.
Entre los cambios está el aumento del Derecho de No Residente para visitantes extranjeros sin permiso para realizar actividades remuneradas. La cuota pasaría de 983 a 1,158 pesos, un alza de 17.8%, según el detalle legislativo recogido por Expansión. También se homologan en 1,639.80 pesos diversos cobros de visas tramitadas en consulados y embajadas.
El dictamen incluye ajustes a licencias, permisos y certificados sanitarios, así como al uso del espacio aéreo y de vías ferroviarias. La mayoría argumentó que las tarifas deben corresponder a los costos actuales de los servicios federales. La oposición cuestionó que algunos incrementos puedan trasladarse a viajeros, empresas y usuarios finales.
Defensa recibirá la mayor parte del derecho migratorio
La distribución del dinero recaudado por el cobro a visitantes también cambia. El texto aprobado asigna 57% a un fideicomiso administrado por Defensa para el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, 15% al Instituto Nacional de Migración y 28% a la Tesorería de la Federación. La información del Canal del Congreso confirma que la comisión modificó tanto la cuota como el reparto propuesto originalmente.
El destino mayoritario hacia proyectos gestionados por las Fuerzas Armadas abre una pregunta de rendición de cuentas: el alza se justifica por la actualización de servicios migratorios, pero más de la mitad del ingreso no quedaría en la autoridad migratoria. El reto será publicar montos recaudados, transferencias al fideicomiso y resultados financiados, de forma que el Congreso pueda contrastar la finalidad declarada con el gasto efectivo.
El Senado deberá revisar el decreto dentro del calendario del Paquete Económico 2027. Puede aprobarlo, modificarlo o devolverlo a la Cámara de Diputados. Por ello, los montos y porcentajes aún no son definitivos ni deben presentarse como cobros vigentes.
Además de revisar las tarifas, las comisiones senatoriales podrán pedir estimaciones de recaudación, comparativos internacionales y reglas para fiscalizar el fideicomiso. Esos datos serán necesarios para evaluar si los nuevos cobros guardan proporción con el servicio prestado y si el reparto presupuestario tiene controles suficientes.
La Secretaría de Hacienda publicó la iniciativa dentro del Paquete Económico, mientras que el Sistema de Información Legislativa documentó la discusión del 13 de octubre. La siguiente revisión deberá aclarar el impacto sectorial de los aumentos y los mecanismos de transparencia del fideicomiso de Defensa antes de la votación definitiva.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
