La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este miércoles 14 de octubre a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar a fondo las denuncias de presunta tortura contra jóvenes detenidos durante la protesta por agua limpia del domingo en Guadalajara. El llamado eleva el caso a una revisión nacional y pone bajo escrutinio la cadena de mando de la policía estatal de Jalisco.
Investigación de tortura tras protesta en Jalisco
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum reclamó que se esclarezca quién ordenó la actuación policial, por qué se empleó la fuerza y qué servidores públicos participaron. La mandataria solicitó que la CNDH entreviste directamente a las víctimas y determine responsabilidades, según el reporte del Sistema Público de Radiodifusión.
El pronunciamiento se refiere a la movilización del 11 de octubre frente a Casa Jalisco, donde policías antimotines utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua. La protesta exigía una solución al suministro de agua turbia o contaminada en la zona metropolitana. Esta cobertura ya había documentado cómo la marcha por agua limpia terminó con gases y detenciones.
Organizaciones civiles y personas liberadas denunciaron golpes, amenazas y obstáculos para recibir asistencia legal. Esos testimonios deben ser tratados como denuncias que requieren prueba y peritajes; no como una sentencia anticipada. La investigación tendrá que preservar videos, partes médicos, bitácoras de traslado y órdenes operativas para establecer qué ocurrió desde la detención hasta la puesta a disposición.
Lemus reconoce excesos, pero faltan responsables
El gobernador Pablo Lemus reconoció públicamente “errores”, uso excesivo de la fuerza y detenciones injustificadas. También informó que los agentes identificados serían investigados y que la Comisión Estatal de Derechos Humanos acompañaría el proceso. El Economista reportó que las personas detenidas recuperaron su libertad, aunque organizaciones de defensa habían advertido que algunos casos todavía enfrentaban trámites judiciales.
El reconocimiento político, sin embargo, no sustituye una indagatoria independiente. Sigue pendiente conocer el número definitivo de personas detenidas y lesionadas, la identidad de los mandos responsables del operativo y si Casa Jalisco fue utilizada como punto de concentración o agresión. Dos elementos señalados por posible abuso fueron llamados a declarar ante Asuntos Internos, de acuerdo con EL PAÍS.
El Congreso de Jalisco también recibió propuestas para citar al gabinete de seguridad, al fiscal estatal y a responsables de Protección Civil. El boletín del Poder Legislativo estatal plantea que las comparecencias deben aclarar tanto las detenciones como la actuación policial.
La rendición de cuentas no termina en el operativo
Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República podría intervenir si el caso lo amerita. Una eventual investigación penal tendría que diferenciar las responsabilidades individuales de los agentes, las decisiones de sus superiores y la obligación del gobierno estatal de garantizar la integridad de las personas bajo custodia.
El caso pone a prueba el compromiso oficial de no repetir prácticas represivas. Apenas semanas antes, la presidenta había prometido que hechos como los de Tlatelolco no volverían a ocurrir. Ahora, el resultado verificable será si las autoridades producen expedientes, sanciones y reparación para las víctimas, más allá de condenas públicas.
También queda sin resolver el reclamo que originó la movilización: la calidad del agua. Investigar los abusos no debe desplazar la obligación de informar qué contaminantes fueron detectados, qué colonias están afectadas y cuál es el calendario de obras para restablecer un suministro seguro. La rendición de cuentas exige respuestas simultáneas sobre el operativo y sobre la crisis del servicio público.







