Dos menores utilizan una tableta frente a frente en un entorno educativoDos menores utilizan una tableta. Foto: Guillaume Bonzoms / Wikimedia Commons (CC0). Imagen de archivo.

El decreto digital de Sheinbaum obliga a redes sociales, servicios de video y otras plataformas a proteger a menores de contenidos violentos, sexuales o vinculados con autolesiones. El instrumento, publicado en México el 14 de octubre, concede 30 días para ajustar sistemas e informar medidas, pero no establece todavía sanciones específicas contra las empresas que incumplan.

El decreto digital de Sheinbaum concede 30 días

El Diario Oficial de la Federación publicó el decreto en su edición vespertina del 14 de octubre. La medida alcanza a todas las personas menores de 18 años y a servicios digitales que permitan interacción, comunicación, generación, difusión o intercambio de contenidos entre usuarios.

Las compañías deben impedir que sus algoritmos expongan o recomienden discursos de odio, extremismo violento, abuso o explotación sexual, suicidio, autolesiones, trastornos alimenticios, violencia escolar, ciberacoso, conductas ilícitas y material sexual explícito. También tendrán que identificar y retirar cuentas o publicaciones de riesgo, clasificar contenidos por edad y hacer públicos sus criterios de moderación.

El comunicado de la Presidencia señala que la protección deberá incorporarse desde el diseño de las plataformas. Esto incluye configuraciones de privacidad activadas por defecto, herramientas de supervisión parental y mecanismos accesibles para denunciar usuarios o materiales peligrosos.

Protección amplia, pero sin castigo inmediato

La principal debilidad del instrumento está en su capacidad de coerción. La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el decreto es obligatorio, pero no contiene por ahora un régimen de sanciones. Las empresas deben documentar sus acciones dentro de 30 días; si no cumplen, el Gobierno federal plantea impulsar después una ley que establezca castigos específicos.

Ese diseño deja la primera etapa apoyada en la colaboración de las compañías. De acuerdo con Reuters, autoridades mexicanas ya se reunieron con representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei. Meta dijo que analizaría el decreto y recordó que cuenta con controles para limitar contactos y supervisar los contenidos vistos por adolescentes; las demás empresas no respondieron de inmediato a la agencia.

El Gobierno presentó la medida tras el ataque cometido a inicios de octubre por dos exalumnos de 18 años en una preparatoria de Coahuila, donde murió una persona y otras tres resultaron heridas. El episodio reabrió el debate sobre la circulación de mensajes violentos en internet, en un país donde la violencia también explica la mayor parte del desplazamiento forzado.

Privacidad y rendición de cuentas siguen abiertas

El decreto obliga a verificar la edad de los usuarios y a mantener un contacto disponible las 24 horas para atender requerimientos de autoridades investigadoras, preservar evidencia y alertar sobre amenazas contra la vida. Sin embargo, la implementación deberá demostrar que la identificación de menores no deriva en una recolección excesiva de datos personales.

Sheinbaum sostuvo que las plataformas ya cuentan con mecanismos para reconocer cuentas de menores y que deben proteger la información obtenida. Aun así, la amplitud de conceptos como “discursos de odio” o “conductas ilícitas” exige criterios públicos, revisables y consistentes. La regulación de contenidos puede proteger a niñas, niños y adolescentes, pero también necesita salvaguardas claras para evitar decisiones opacas o restricciones desproporcionadas.

El plazo de 30 días será la primera prueba concreta. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento a los informes empresariales, pero el Gobierno tendrá que transparentar qué compañías cumplieron, qué cambios realizaron y cómo medirá su efectividad. La promesa de protección será insuficiente si no existe una evaluación pública, del mismo modo que las admisiones oficiales sobre fallas de gobierno requieren indicadores verificables y consecuencias.

Foto: Guillaume Bonzoms / Wikimedia Commons, CC0. Dos menores utilizan una tableta en un entorno educativo. Imagen de archivo.

Por Enrique Muñoz

Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.