La violencia y la inseguridad obligaron a integrantes de 509,917 hogares a cambiar de residencia dentro de México entre 2020 y 2025, según la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi. El dato representa 77% de los 661,769 hogares que reportaron desplazamiento forzado y revela la magnitud de una crisis que hasta ahora carecía de una medición oficial específica.
El desplazamiento forzado en México ya tiene una cifra oficial
La Encuesta Intercensal 2025 del Inegi registró que 661,769 hogares —1.52% del total nacional— tuvieron al menos un integrante obligado a abandonar su vivienda o lugar de residencia habitual. De ellos, 509,917 atribuyeron el movimiento a la inseguridad delictiva o la violencia, mientras 151,852 lo relacionaron con desastres naturales o provocados por la actividad humana.
El organismo define el desplazamiento forzado interno como la salida involuntaria para proteger la vida, la seguridad o la integridad sin cruzar una frontera internacional. A diferencia de la migración por empleo, estudios o reunificación familiar, se trata de una decisión condicionada por una amenaza o emergencia.
La medición es relevante porque el Censo de 2020 ya había identificado la inseguridad, la violencia y los desastres entre las causas de movilidad, pero no había difundido un indicador específico para dimensionar el desplazamiento interno. El nuevo dato permite relacionar la discusión sobre la percepción de inseguridad con una consecuencia concreta: hogares que deben dejar su comunidad.
Guerrero encabeza la proporción de hogares afectados
Guerrero presentó la mayor proporción estatal: 3.42% de sus hogares, equivalentes a 34,099. Le siguieron Morelos, con 2.40%, y Baja California Sur, con 2.35%, todos por encima del promedio nacional. Sin embargo, la causa no fue uniforme.
En Guerrero, 21,126 hogares reportaron desplazamiento por desastres y 16,213 por inseguridad o violencia. La diferencia refleja el efecto prolongado de fenómenos como el huracán Otis de 2023, además de los riesgos delictivos. En cambio, al aislar la violencia, las tasas más altas aparecieron en Zacatecas, con 10,768 hogares y 2.15% del total estatal; Michoacán, con 30,862 y 2.14%; y Morelos, con 13,154 y 2.11%.
Los resultados añaden contexto a los reportes oficiales sobre la reducción de homicidios en algunas entidades. Una baja en asesinatos puede ser significativa, pero no describe por sí sola la presión que enfrentan familias amenazadas, expulsadas o incapaces de regresar a su lugar de origen.
Medir el fenómeno no sustituye una política de protección
La encuesta ofrece una línea de base, no un registro individual de víctimas ni una evaluación de la respuesta institucional. Al contabilizar hogares afectados, tampoco permite saber de manera directa cuántas personas fueron desplazadas, cuánto tiempo permanecieron fuera o cuántas recibieron apoyo, vivienda, seguridad o condiciones para volver.
La revisión publicada por La Jornada destaca que es la primera vez que el Inegi presenta estadísticas particulares sobre desplazamiento forzado interno. El levantamiento, realizado en más de 7.3 millones de viviendas, da representatividad nacional, estatal y municipal a la Encuesta Intercensal.
El reto para las autoridades es convertir la estadística en acciones verificables: prevenir expulsiones, coordinar atención entre municipios y estados, proteger el patrimonio abandonado y facilitar retornos seguros. También exige transparentar resultados, pues la calidad y el alcance de los datos de seguridad determinan qué parte de la crisis entra en la agenda pública y cuál permanece invisible.
Foto: Amuzgomx / Wikimedia Commons, CC0. Imagen de archivo de la comunidad amuzga de Tierra Colorada, Ometepec, Guerrero; no corresponde a un hogar encuestado.







