La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó este 20 de octubre, desde Palacio Nacional, el fallo que mantiene condiciones diferenciadas para los apoyos a investigadores de instituciones públicas y privadas. La Suprema Corte resolvió el lunes en Ciudad de México que esas reglas son constitucionales, en una decisión que enfrenta la prioridad gubernamental del gasto con el reclamo de igualdad de los académicos.
Apoyos a investigadores: qué condiciones avaló la Corte
El pleno examinó la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, publicada el 8 de mayo de 2023 e impugnada por legisladores de oposición. Según la cobertura de La Jornada, la propuesta obtuvo siete votos frente al voto contrario de Loretta Ortiz en el debate sobre las restricciones.
Los artículos 34 y 41 son centrales. El decreto publicado en el Diario Oficial da preponderancia a los estímulos de integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) que realizan actividades en instituciones públicas y a proyectos asociados con prioridades nacionales. También contempla convenios para que instituciones privadas asuman el pago de estímulos a su personal reconocido.
No se trata, sin embargo, de una prohibición absoluta de apoyo público a cualquier investigador de una universidad privada. La ponente Sara Irene Herrerías explicó que pueden acceder quienes desarrollen actividades sustantivas en instituciones públicas o proyectos relacionados con las prioridades de la agenda nacional. Esa interpretación resulta relevante para distinguir el reconocimiento académico dentro del sistema de la fuente que entrega el estímulo económico.
La resolución también abarcó becas de posgrado y estancias posdoctorales. La ley vincula la asignación de becas en instituciones privadas con el compromiso de no cobrar colegiaturas a la persona beneficiaria y con la disponibilidad presupuestaria. No equivale a financiar sin condiciones cualquier programa educativo particular.
El voto disidente: los derechos pertenecen a las personas
El desacuerdo no giró únicamente alrededor de qué instituciones deben recibir dinero. Como documentó Milenio, Ortiz sostuvo que las restricciones afectan derechos de investigadores independientemente del lugar donde trabajen. Cuestionó además que se trate a todas las instituciones privadas como si persiguieran fines de lucro.
La mayoría defendió la orientación de recursos hacia objetivos públicos. María Estela Ríos consideró que la propia legislación ofrece vías de acceso al sector privado, mientras Herrerías propuso explicitar su alcance mediante una interpretación compatible con la Constitución. La diferencia deja abierta una cuestión práctica: cómo se acreditarán esas actividades y prioridades en cada solicitud.
La Corte también descartó que fijar una agenda nacional imponga contenidos o metodologías de investigación. El caso se suma a decisiones recientes que inciden en universidades, como el aval al veto de comida chatarra en planteles, aunque ahora el objeto son los incentivos económicos para producir conocimiento.
Sheinbaum respalda el fallo y admite necesidad de auditar
De acuerdo con el reporte de la conferencia presidencial de este martes, Sheinbaum celebró que los recursos se orienten a instituciones públicas. Al mismo tiempo, reconoció que pertenecer al sector público no garantiza ausencia de corrupción y señaló que también debe haber auditorías.
El pleno igualmente avaló la participación de Defensa y Marina en la junta de gobierno prevista por la ley para el entonces Conahcyt. Ese componente amplía el debate sobre el papel castrense en ámbitos civiles, después de otra resolución sobre aeropuertos militares sin licitación.
El respaldo judicial no demuestra por sí mismo que el dinero se utilice mejor. En términos de rendición de cuentas, evaluar la política exige conocer quién recibe apoyos, qué criterios se aplican y qué resultados producen. La diferencia entre financiar una institución y reconocer el trabajo de una persona sigue siendo el núcleo de la controversia.
Fotografía de archivo del edificio de la Suprema Corte en Ciudad de México: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons. Recorte y reducción bajo licencia CC BY-SA 4.0.







