Dos militares observan las pistas desde la torre de control del AIFAPersonal militar en la torre de control del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Foto: Sedena, vía Forbes México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el 6 de octubre, por unanimidad, la reforma que permite asignar sin licitación aeropuertos y servicios aéreos a empresas paraestatales. El fallo consolida el marco que sostiene los aeropuertos militares bajo control de compañías coordinadas por la Defensa, pero deja abiertas preguntas sobre competencia, costos, vigilancia civil y acceso público a sus resultados.

Aeropuertos militares reciben respaldo constitucional

El Pleno resolvió las acciones de inconstitucionalidad 121/2023 y 123/2023, promovidas por minorías de la Cámara de Diputados y el Senado contra cambios a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil. Los nueve ministros respaldaron el proyecto de Loretta Ortiz Ahlf y dejaron vigente la figura de “asignación” directa a entidades paraestatales de la administración federal.

La reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 2023, autoriza a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a entregar esos títulos sin licitación pública. Su vigencia puede ser indefinida mientras subsista una causa de utilidad pública, interés general, interés social o seguridad nacional. Las entidades asignatarias deben cumplir las obligaciones de una concesionaria y no pueden transferir los derechos a particulares.

De acuerdo con el comunicado de la Suprema Corte, la mayoría consideró que el Estado puede establecer condiciones especiales para el uso del espacio aéreo y las vías generales de comunicación. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz sostuvo que una empresa pública, al no perseguir fines de lucro, no es comparable en los mismos términos con un operador privado.

Qué avaló la SCJN y qué no resolvió

La sentencia despeja la impugnación constitucional del modelo que hoy utiliza Grupo Mundo Maya, antes denominado Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica. La empresa está sectorizada en la Secretaría de la Defensa Nacional y, según el portal oficial Proyectos México, administra 12 aeropuertos, diez internacionales y dos nacionales.

El fallo no equivale a una evaluación de eficiencia. La Corte no determinó si esos aeropuertos cuestan menos, atraen más pasajeros, reducen subsidios o ofrecen mejor servicio que otras alternativas. Tampoco certificó la rentabilidad de Mexicana de Aviación ni la calidad de cada contrato. Su decisión se concentró en si el Congreso podía crear asignaciones distintas de las concesiones privadas y si el procedimiento legislativo invalidaba el decreto.

La oposición alegó afectaciones a la libre competencia, un trámite irregular y una ampliación de funciones militares en tiempos de paz. El Pleno rechazó esos argumentos como razón suficiente para invalidar la reforma. La discusión, sin embargo, continúa fuera del tribunal porque el esquema reúne infraestructura civil, empresas públicas y mandos castrenses en una misma cadena administrativa.

Sin licitación aumenta la exigencia de rendir cuentas

Una asignación directa no demuestra por sí misma corrupción ni ineficiencia, pero elimina la comparación previa entre propuestas que ofrece una licitación. Por eso eleva la obligación de publicar costos, transferencias presupuestarias, contratos, metas operativas, incidentes de seguridad y estados financieros separados para cada aeropuerto. Sin esos datos, el argumento del interés público queda difícil de medir.

El fallo llega mientras las Fuerzas Armadas acumulan nuevas tareas civiles y de seguridad. El reciente despliegue de 500 militares en la frontera y las solicitudes que el Senado revisa para operaciones en el extranjero muestran que la supervisión legislativa debe abarcar tanto misiones operativas como empresas bajo control militar.

La SCJN cerró la vía para anular de manera general este modelo, pero no cerró el debate sobre sus resultados. La Auditoría Superior de la Federación, el Congreso y las autoridades de transparencia conservan la responsabilidad de revisar el uso de recursos y comparar promesas con desempeño verificable. El respaldo constitucional obliga ahora al Gobierno federal a demostrar, con información pública, que la asignación directa produce beneficios superiores a sus costos y riesgos.

Por Enrique Muñoz

Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.