El Senado aprobó este martes 20 de octubre la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y la envió al Ejecutivo federal. La norma permite a la Secretaría de Hacienda definir sectores donde los medios digitales sean la única forma de pago. El cambio busca trazabilidad e inclusión financiera, pero concentra una decisión relevante y deja pendientes costos, conectividad y salvaguardas para quienes dependen del efectivo.
Ley de Economía Digital concentra la decisión en Hacienda
El dictamen fue aprobado en lo general con 73 votos a favor y 34 en contra; en lo particular recibió 72 votos a favor y 37 en contra, de acuerdo con el registro de la sesión y la cobertura legislativa. El Senado informó oficialmente que el proyecto pasó al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La ley incorpora pagos con transferencias, tarjetas, códigos QR y tecnología NFC. También obliga a autoridades de los tres órdenes de gobierno a preparar infraestructura para recibir medios electrónicos en trámites y servicios, informar cuáles están disponibles y contar con medidas para contingencias. Si una falla impide cobrar digitalmente, el texto permite recurrir temporalmente al efectivo o al cheque.
La parte de mayor alcance está en el artículo 13: Hacienda podrá determinar los “sectores estratégicos y actividades relevantes” en los que aceptar pagos digitales y electrónicos sea la única modalidad permitida. La aplicación será gradual, pero el Congreso no fijó en la propia ley una lista cerrada de sectores ni criterios cuantitativos detallados. Esa definición quedará en manos de la dependencia federal.
La decisión llega después de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto a principios de octubre. En ese debate ya se había advertido que la digitalización no avanza al mismo ritmo en todo el país, un problema que este medio documentó al revisar la brecha de conectividad de la Ley de Economía Digital.
Gobierno promete inclusión; oposición advierte costos
El Gobierno federal sostiene que la medida facilitará operaciones, formalizará comercios y construirá historiales que abran acceso al crédito. En septiembre, la Presidencia explicó que la plataforma aprovecharía infraestructura como SPEI y CoDi y que cualquier institución financiera podría participar. Esa es la justificación central presentada por el Ejecutivo en su comunicado sobre la iniciativa.
El PAN votó en contra y pidió que el efectivo siga disponible, además de comisión cero para microempresas y un fondo público de conectividad. Su bancada argumentó que una terminal, el servicio de internet y las comisiones pueden trasladar nuevos costos a pequeños negocios. También planteó dudas sobre privacidad financiera y el uso de la CURP Digital. El posicionamiento del GPPAN representa la respuesta opositora, no una conclusión acreditada por la ley.
Durante la discusión se presentaron reservas para modificar el proyecto, pero la mayoría mantuvo el texto enviado por la Cámara de Diputados. El Sistema de Información Legislativa registró intervenciones sobre libertad de elección, infraestructura y efectos para pequeños establecimientos.
El efectivo seguirá, con excepciones aún por definir
La nueva legislación no elimina de inmediato el dinero físico. Para la mayoría de los proveedores privados, adoptar medios digitales seguirá un proceso gradual; las excepciones surgirán cuando Hacienda identifique sectores específicos. Esa facultad vuelve decisivas las reglas secundarias, los plazos y la forma en que se justifique cada designación.
El reto será evitar que la formalización excluya a comunidades sin conectividad estable, adultos mayores o comercios de baja escala. México ya enfrenta una economía con señales mixtas: el crecimiento reciente convive con pérdida de impulso, como muestra el análisis sobre la economía mexicana en septiembre. Además, la disponibilidad de servicios financieros no garantiza por sí sola adopción ni comisiones asequibles.
Una vez publicada en el Diario Oficial, la atención pasará a las disposiciones de Hacienda y a la capacidad de municipios, estados y dependencias federales para aceptar pagos electrónicos sin interrumpir servicios. La rendición de cuentas dependerá de que cada sector designado tenga criterios públicos, evaluación de impacto y alternativas reales ante fallas técnicas.







