Computadora portátil abierta sobre una mesa de madera; fotografía ilustrativa de archivoFoto ilustrativa de archivo; no corresponde al expediente. Kelly Sikkema / Unsplash, 18 de septiembre de 2022.

La colusión en tecnología motivó multas por 67 millones de pesos a nueve empresas y siete personas por simular competencia en 14 contrataciones del Gobierno federal mexicano entre 2012 y 2022. La resolución, difundida el 27 de octubre, atribuye sobreprecios superiores al 40% a los acuerdos entre proveedores. El caso afecta recursos públicos, pero la sanción todavía puede impugnarse.

Colusión en tecnología: ofertas separadas, decisiones comunes

La Comisión Nacional Antimonopolio determinó que las firmas de Grupo Soluciones coordinaron precios y participantes. De acuerdo con El Economista, un equipo interno denominado “La Fábrica de Licitaciones” seleccionaba qué sociedad concursaría y preparaba las propuestas técnicas y económicas.

Los documentos llegaban por separado a las instituciones, con apariencia de rivalidad. Sin embargo, según la autoridad, respondían a una estrategia compartida. No se sancionó simplemente que existieran vínculos empresariales: el hallazgo fue la coordinación para presentarse como competidores independientes.

La investigación comenzó de oficio el 31 de marzo de 2022 y las multas fueron aprobadas el 15 de octubre de 2026. Los procedimientos examinados incluyeron cuatro licitaciones públicas y diez invitaciones a cuando menos tres participantes. Las conductas abarcaron del 27 de abril de 2012 al 28 de noviembre de 2022, por lo que atraviesan distintas administraciones federales.

La agenda oficial del Pleno del 15 de octubre incluyó un procedimiento sobre posibles prácticas monopólicas absolutas en contrataciones de tecnologías de la información y comunicación. Esa agenda registra el asunto programado; la sanción se conoce por la resolución difundida posteriormente.

Doce instituciones compraron o arrendaron equipos

La información oficial, recogida por Forbes México, señala adquisiciones o arrendamientos de computadoras, impresoras, telecomunicaciones y seguridad. Entre las instituciones afectadas aparecen IMSS, Pemex, ISSSTE, Conagua y la Secretaría de Economía.

La relación se completa con los institutos nacionales de Medicina Genómica y de Perinatología, Telecomunicaciones de México —actual Financiera para el Bienestar—, el Fideicomiso para la Cineteca Nacional, Fovissste, Fonatur y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Las empresas identificadas son Soluciones Tecnológicas Especializadas, Ofi Store, Factoría de TI, Altum Tecnologic, Distribuidora y Comercializadora Bossanova, Ofiequipos P.C., Grupo Uno Alta Tecnología en Proyectos e Instalaciones, DSTI México e Ingeniería de Cómputo y Aplicaciones.

Según la Comisión, el acuerdo hizo que las dependencias pagaran más de 40% adicional respecto de condiciones competitivas. Es una estimación atribuida a la investigación, no una cantidad que pueda convertirse automáticamente en pesos sin conocer la base contractual. Tampoco significa que la multa de 67 millones sea el valor del sobrecosto o una recuperación para cada institución.

La resolución admite impugnación y abre seguimiento

El Financiero confirma que la CNA ordenó notificar a las instituciones afectadas y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para los efectos legales correspondientes. Las empresas y personas sancionadas pueden acudir a juzgados federales especializados en competencia económica. Las fuentes consultadas no recogen una respuesta de los proveedores.

La sanción administrativa no debe presentarse como una sentencia penal ni como prueba de responsabilidad individual de funcionarios compradores. El siguiente punto de fiscalización será conocer qué actuaciones adoptan las instituciones notificadas y si hay recursos judiciales, sin dar por concluidas esas etapas.

El caso se suma al debate sobre seguimiento del gasto público y recursos pendientes de aclaración. También conviene distinguirlo de una investigación de competencia todavía abierta: aquí la autoridad ya emitió una resolución sancionadora, aunque susceptible de revisión judicial.

Fotografía ilustrativa de archivo: computadora portátil sobre una mesa; no corresponde a equipos, oficinas o contratos del expediente. Kelly Sikkema, vía Unsplash, 18 de septiembre de 2022, licencia Unsplash. Recorte horizontal y reducción.

Por Enrique Muñoz

Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.