Archivo: inauguración del Centro Multiservicios de la Comar en Tapachula, Chiapas, 28 de septiembre de 2025. Foto de cortesía difundida por SDPnoticias. La imagen no documenta las observaciones de la ASF.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tiene pendientes de aclaración 1,178,975.28 pesos por servicios de interpretación y traducción contratados para atender procedimientos de refugio en México durante 2025. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que faltaban registros para verificar el cumplimiento contractual. El hallazgo cuestiona el control del gasto de este órgano de Gobernación, pero no constituye una sentencia por corrupción.
Comar: qué falta acreditar en el contrato de traducción
El informe individual de la auditoría 135 de la Cuenta Pública 2025, consultado directamente, identifica el contrato SG/CPS/033/2025 con International Linguistic Communication, S.C. La Secretaría de Gobernación lo formalizó mediante adjudicación directa. El servicio comprendía interpretación simultánea y traducción documental para los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado y protección complementaria.
El problema descrito en el resultado 10 no se limita a la existencia de facturas. Según la ASF, la documentación entregada no permitió comprobar que las solicitudes hubieran sido atendidas durante 2025 en los tiempos y horarios previstos, ni verificar los niveles de servicio. Tampoco permitió establecer si correspondía aplicar penalizaciones o descuentos por posibles incumplimientos.
Por esa carencia, el órgano fiscalizador emitió el pliego de observaciones 2025-5-04N00-24-0135-06-001. El monto señalado es un probable daño o perjuicio al erario pendiente de aclarar; no debe presentarse como dinero definitivamente desviado ni como una condena contra la empresa o funcionarios. El Economista reportó el caso el 2 de noviembre.
La respuesta presentada no solventó dos resultados
El expediente sí registra actuaciones de la Comar para responder. La institución remitió información mediante oficios del 29 de septiembre y del 7 de octubre de 2026. En el apartado de comentarios de la entidad fiscalizada, la ASF explica que ese material no bastó para aclarar y justificar los resultados 9 y 10, que quedaron sin solventar al cierre del informe.
La precisión importa: no es correcto afirmar que la dependencia guardó silencio, ni que todos los resultados de la revisión fueron irregulares. De los 12 resultados, cinco no presentaron irregularidades y otros cinco fueron solventados antes de emitirse el documento. Los dos restantes originaron el pliego económico y una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
La auditoría también registra reintegros por 432,384.61 pesos a la Tesorería de la Federación. Esa recuperación es distinta de los 1.18 millones que siguen pendientes; no debe sumarse como si ambos importes fueran un mismo faltante. Separar recuperaciones, aclaraciones y montos observados permite entender el alcance real de una fiscalización, como en la revisión de la nómina del IEBEM.
Oficinas y personal: otro control pendiente
El segundo asunto se refiere a la organización del personal. La ASF detectó diferencias entre la adscripción formal consignada en nombramientos y los lugares donde se desempeñaban funciones, además de oficinas que no estaban contempladas en el manual correspondiente. La promoción administrativa solicita al Órgano Interno de Control de Gobernación investigar y, si procede, iniciar el procedimiento respectivo: no equivale a una sanción ya impuesta.
La revisión abarcó 100.77 millones de pesos, equivalentes al 99.6% del universo seleccionado. Su relevancia está en la capacidad de acreditar cómo se ejercen recursos destinados a personas que solicitan protección, no en cuestionar su derecho al refugio. En servicios públicos, la verificación del proveedor es esencial, un problema también presente en las compras del IMSS tras fallas de suministro, aunque se trata de expedientes diferentes.
El seguimiento deberá establecer si la Comar aporta los registros faltantes y qué determina la autoridad competente. Hasta entonces, la conclusión documentada es una observación pendiente de aclaración, no una responsabilidad penal acreditada.
Fotografía de archivo: inauguración del Centro Multiservicios de la Comar en Tapachula, Chiapas, el 28 de septiembre de 2025. Cortesía, vía SDPnoticias. El acto no documenta los servicios de traducción observados.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
