Dámaso Castro Saavedra, en una fotografía de archivo difundida en mayo de 2026. Crédito: FGE Sinaloa, vía López-Dóriga Digital. No corresponde al anuncio de su renuncia.
Dámaso Castro Saavedra dejó definitivamente la Vicefiscalía General de Sinaloa el 5 de noviembre, después de seis meses de licencia sin goce de sueldo. La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó la salida este miércoles 11. El funcionario figura en una acusación estadounidense que le atribuye pagos mensuales de unos 11 mil dólares de Los Chapitos a cambio de protección e información policial.
Dámaso Castro: seis meses de licencia y una renuncia
La confirmación llegó cuando el permiso temporal ya había terminado. De acuerdo con la declaración de Sánchez Kondo, recogida por Noroeste, Castro entregó su dimisión el jueves 5. La titular de la Fiscalía explicó que José Roberto Quiñónez Coronado permanece como encargado del despacho.
El permiso había comenzado el 5 de mayo, días después de que Washington hiciera pública la imputación. La separación fue sin sueldo: no hay sustento para presentar esos seis meses como un periodo de cobro salarial. La novedad es el cierre de su relación laboral con la institución, no una resolución judicial sobre su conducta.
La diferencia importa. Una oficina puede cambiar de responsable sin que eso aclare qué ocurrió dentro de ella. La salida del exvicefiscal tampoco demuestra, por sí sola, que se hayan investigado o corregido las fallas que describe la acusación.
Once mil dólares mensuales: lo que sostiene Estados Unidos
El Departamento de Justicia estadounidense anunció el 29 de abril cargos contra diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Entre ellos incluyó a Castro y al entonces gobernador Rubén Rocha Moya. El comunicado es un antecedente de abril; no debe confundirse con el anuncio de la renuncia conocido este miércoles.
El expediente judicial sostiene que, desde aproximadamente 2021 hasta al menos septiembre de 2024, Los Chapitos habrían pagado a Castro unos 11 mil dólares mensuales en efectivo. Según la fiscalía estadounidense, a cambio habría protegido a integrantes de esa facción y anticipado información sobre operativos contra sus miembros y laboratorios.
El señalamiento no describe una infracción administrativa menor: plantea que información destinada a perseguir delitos habría servido para evitar detenciones. Esa es la gravedad institucional de la imputación. Sin embargo, sigue siendo una versión acusatoria que debe probarse ante la justicia, no un hecho establecido mediante sentencia.
La renuncia no sustituye las respuestas
Castro negó las acusaciones y expresó disposición a colaborar con las autoridades mexicanas durante su comparecencia ante la FGR, según el recuento de Excélsior. El propio Departamento de Justicia advierte que los acusados deben ser considerados inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad.
El expediente alcanza a figuras del periodo de Rocha Moya y coloca bajo escrutinio a instituciones que debían combatir al crimen, no protegerlo. Para la población, la cuestión rebasa quién ocupa hoy un escritorio: importa si la información de las investigaciones estuvo resguardada y si las autoridades podrán acreditar responsabilidades o descartar los señalamientos con pruebas.
Lo confirmado es concreto: Castro salió y la Vicefiscalía sigue con un encargado. Lo pendiente no se borra con una firma de despedida: esclarecer las acusaciones y explicar cómo se protege la procuración de justicia.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
