Joanna Felipe Torres en imagen difundida por el PAN Edomex el 2 de noviembre de 2026. No muestra el operativo policial ni acredita por sí misma las denuncias. Foto: PAN Estado de México.
El operativo contra una función infantil en Cuautitlán Izcalli dejó al gobierno morenista de Daniel Serrano frente a denuncias y cuestionamientos por el uso de la policía. La diputada Joanna Felipe Torres llevó su reclamo al Congreso mexiquense el 4 de noviembre; ese mismo día informó de seis denuncias. El municipio sostiene que debían cumplirse requisitos administrativos y de Protección Civil.
Cuautitlán Izcalli: una función acaba entre policías y denuncias
La intervención ocurrió el 2 de noviembre en el fraccionamiento San Antonio, durante una presentación de La Llorona promovida por la legisladora panista. Según su relato, participaron más de 150 policías y unas 35 patrullas, además de personal táctico municipal y de la Guardia Nacional. Esas cifras son señalamientos de la denunciante, no un parte operativo verificado por este medio.
El comunicado 2324 del Congreso estatal, fechado el 4 de noviembre, documenta que Felipe Torres pidió incorporar al Diario de Debates su condena a lo que consideró un despliegue desproporcionado contra familias, niñas y niños. También registra que informó de denuncias y de enfrentamientos e inconformidad de padres de familia.
El documento acredita que el reclamo llegó a la Legislatura; no determina la responsabilidad de los agentes ni del alcalde. Esa diferencia importa: el escrutinio al poder no necesita convertir una intervención parlamentaria en sentencia.
Seis denuncias anunciadas, ninguna culpabilidad acreditada
En su pronunciamiento del 2 de noviembre, el PAN estatal acusó intimidación y exigió liberar a integrantes del equipo de la diputada. Es una fuente involucrada en la disputa política, por lo que sus afirmaciones requieren atribución y contraste.
La periodista Jimena Ruelas reportó en Así Sucede, el 4 de noviembre, que la legisladora informó de seis denuncias por posibles abusos de autoridad, uso excesivo de fuerza y privación ilegal de la libertad. Los señalamientos incluyen al presidente municipal, la comisaria general, tres funcionarios de Desarrollo Económico y quien resulte responsable.
La misma cobertura recoge la versión de que hubo más de 300 firmas vecinales respaldando la actividad, que formaba parte de doce presentaciones. La diputada afirmó haber dado aviso al municipio sin obtener respuesta. Un aviso, sin embargo, no demuestra por sí mismo que estuvieran satisfechos todos los permisos exigibles.
No se dispone aquí de los expedientes ni de una resolución que confirme los delitos denunciados. Tampoco puede afirmarse que el alcalde haya sido condenado o que exista una orden judicial de destitución.
Permisos y Protección Civil no zanjan el uso de fuerza
La explicación municipal recogida por Quadratín el 2 de noviembre sitúa el conflicto en los requisitos para espectáculos en la vía pública. La administración defendió el cumplimiento de disposiciones administrativas y de Protección Civil para proteger a asistentes y peatones. Esa cobertura también recoge señalamientos de presuntas agresiones contra policías; no son hechos establecidos judicialmente.
La defensa administrativa deja abierta la pregunta central: qué riesgo justificaba la intervención y qué medidas se tomaron para evitar daños a las familias. Explicar un requisito no equivale a demostrar la proporcionalidad de la respuesta.
El control parlamentario, como en la reciente comparecencia de Salud, tampoco sustituye una decisión jurisdiccional como la emitida en el caso de Acapetahua. En Izcalli corresponde esclarecer los hechos y responder con documentos, no sólo con acusaciones cruzadas. Una función infantil convertida en conflicto policial exige algo más que repartir culpas.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
