La Fiscalía de Michoacán volvió a colocar la cercanía con el poder en el centro del debate. La magistrada Azucena Marín Correa se registró este jueves 12 de noviembre para encabezarla y reconoció su amistad con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Aunque sostuvo que deciden los diputados, la convocatoria oficial también reserva al Ejecutivo la integración de la terna para elegir a quien ocupará el cargo durante nueve años.
Fiscalía de Michoacán: el gobernador también decide la terna
La precisión importa. Según la convocatoria publicada por el Congreso estatal el 3 de noviembre, la Comisión de Justicia evaluará los perfiles después de las comparecencias y propondrá diez nombres al titular del Ejecutivo. Éste tendrá diez días para formar una terna, observando la paridad de género.
Después, el pleno deberá elegir por el voto de dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes. Los diputados tienen la decisión final, pero no son el único filtro: el gobernador interviene antes al reducir la lista. Por eso, presentar el procedimiento como una decisión exclusivamente legislativa deja fuera una pieza fundamental del mecanismo.
El registro estará abierto del 9 al 13 de noviembre. La inscripción de Marín Correa no equivale a una designación, ni significa que ya haya sido seleccionada para la lista de diez o para la terna. La distinción evita convertir una aspiración en un nombramiento consumado.
La amistad reconocida exige explicar la independencia
De acuerdo con la cobertura de Amanda Bautista Rodríguez, de Noventa Grados, la aspirante reconoció una relación de amistad de años con Bedolla y expresó confianza en el Poder Legislativo. También dijo que cuenta con las credenciales para dirigir la institución.
El Sol de Morelia documentó la misma respuesta y recordó que fue contralora de la administración estatal antes de la magistratura. Según ese reporte, Marín sostuvo que no había solicitado al gobernador una bendición para participar.
La amistad no prueba una ilegalidad ni descalifica por sí sola una candidatura. Pero cuando el funcionario con quien existe ese vínculo participa en la selección, la autonomía merece explicaciones verificables, no sólo declaraciones de confianza. El examen público debe centrarse en trayectoria, resultados y capacidad de investigar sin subordinación política.
Nueve años de procuración de justicia no son un pase de confianza
La aspirante sí respondió al cuestionamiento. Según la entrevista recogida por Javier Velázquez, de Grupo Marmor, defendió que actuaría con autonomía y valores. Prometió cumplir los nueve años y no utilizar el cargo como plataforma para otra candidatura. También planteó revisar el funcionamiento de la institución y atender las necesidades del personal.
Son compromisos que deberán contrastarse con hechos si avanza en el proceso. El problema de fondo no es si un aspirante conoce al gobernador: es qué garantías ofrece para que la procuración de justicia no dependa de esa cercanía. La sociedad necesita expedientes investigados con independencia, no una fiscalía que tenga que explicar a quién le debe el puesto.
La selección ocurre en un estado donde el balance de seguridad sigue bajo escrutinio y donde la violencia obligó a cerrar escuelas y oficinas en Tepalcatepec. Esos hechos no son imputaciones contra Marín Correa; muestran por qué elegir fiscal exige más que una buena relación con el Ejecutivo. Nueve años de justicia no pueden evaluarse como un trámite entre conocidos.







