Lucía Jazmín Torres Castillo durante su toma de protesta como encargada de despacho en noviembre de 2026. Imagen difundida por la Secretaría de Gobierno de Oaxaca, reproducida por Infobae el 11 de noviembre. Crédito: Secretaría de Gobierno de Oaxaca.
El gobierno de Jara enfrenta una denuncia pública de intimidaciones dentro de sus propias mesas de diálogo. La diputada federal del PT, Martha Aracely Cruz Jiménez, señaló a Lucía Jazmín Torres Castillo, encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca, y pidió protección federal para ella, sus colaboradores y su familia. Son acusaciones de la legisladora, no hechos establecidos por una sentencia.
Gobierno de Jara: de la mesa de diálogo al reclamo de protección
El señalamiento se hizo público esta semana y fue recogido el 10 de noviembre por RIOaxaca y otros medios locales. Cruz Jiménez relaciona las presuntas intimidaciones con reuniones en las que acompañó a representantes de San Juan Mazatlán en su disputa por el reconocimiento de autoridades municipales.
Según su versión, durante los encuentros con funcionarios estatales surgieron referencias a presuntos vínculos de autoridades municipales con grupos criminales. La diputada afirma que los comentarios se extendieron a su familia y los consideró intimidatorios. Es indispensable mantener esa atribución: mencionar esas acusaciones no demuestra que los representantes comunitarios ni sus familiares tengan relaciones delictivas.
La legisladora sostiene que las autoridades a las que acompaña cuentan con una resolución favorable de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral y que el reconocimiento estatal sigue pendiente. Esta nota recoge su versión sobre ese conflicto; no presenta como revisado un expediente judicial que no fue consultado directamente.
La petición a Harfuch y las pruebas que anuncia
El Imparcial de Oaxaca informó el 11 de noviembre que la diputada anunció el envío de grabaciones y otros elementos a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su petición es obtener medidas que resguarden su integridad y la de su entorno.
La frase con la que explicó su temor es directa: “Yo no quiero ser un número más y no quiero que me maten”. La declaración muestra la gravedad de lo denunciado, pero no sustituye una investigación. Anunciar audios tampoco acredita por sí mismo que hayan sido entregados, peritados o incorporados a una carpeta.
La cobertura de Meganoticias del 10 de noviembre identifica el pronunciamiento y la solicitud de garantías, pero aclara que no detalla una denuncia formal ante una autoridad. Por ello, aquí se distingue entre denuncia pública, petición de protección y procedimiento penal: no son equivalentes.
Una encargaduría para conciliar, ahora bajo cuestionamiento
Torres Castillo fue designada por el secretario de Gobierno, Jesús Romero López. La información sobre su nombramiento, recogida por Ovaciones el 10 de noviembre, describe un área dedicada a la interlocución municipal y a asuntos de gobernabilidad. La dependencia presentó su llegada como continuidad del diálogo y la coordinación institucional.
Ahí está la contradicción que debe explicar la administración de Salomón Jara: una instancia destinada a procesar conflictos enfrenta señalamientos de intimidación formulados por una diputada de un partido aliado de Morena. No es una acusación que pueda despacharse únicamente como disputa entre gobierno y oposición.
En las fuentes revisadas al cierre no se localizó una respuesta específica de la funcionaria ni de la Secretaría de Gobierno a estos señalamientos. Esa ausencia en la revisión no prueba culpabilidad ni permite afirmar que ninguna respuesta exista. Se incorporará una postura verificable cuando esté disponible.
Los antecedentes de reclamos de docentes al gobierno de Oaxaca y los plazos distintos de sus proyectos hospitalarios corresponden a otros expedientes, no son pruebas de estas amenazas. El caso actual exige algo concreto: esclarecer los hechos, atender la solicitud de seguridad y explicar cómo se garantizan reuniones institucionales sin intimidación. La obligación de responder es política; determinar responsabilidades corresponde a las autoridades competentes.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
