El Gobierno de Guerrero aseguró el 18 de noviembre que no tiene alertamientos electorales de riesgo, después del asesinato de Guerrero Cándido Concepción, aspirante a la coordinación municipal de Morena en Xochistlahuaca, y de su acompañante, Tranquilino López Merino. El subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros sostuvo que se trabaja en un mapa de riesgos. La prevención sigue en elaboración mientras la violencia ya cobra vidas.
Guerrero: la ausencia de reportes no equivale a seguridad
Rodríguez Cisneros habló al término de una comparecencia de la Secretaría de Gobierno. De acuerdo con la entrevista publicada por Juan Manuel Molina en Quadratín Guerrero, afirmó que mantiene comunicación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para detectar problemas que puedan afectar los comicios. También señaló que la Fiscalía investiga el homicidio.
El funcionario acotó su afirmación a los alertamientos conocidos por las autoridades electorales y explicó que todavía no hay candidatos. Esa precisión importa: no dijo que no existan homicidios. Pero utilizar la falta de reportes formales como respuesta política ante un asesinato deja pendiente la pregunta sustantiva: ¿qué medidas concretas de prevención alcanzan hoy a quienes realizan actividad partidista?
Una candidatura registrada y una aspiración interna no son lo mismo. El deber de proteger a la población, sin embargo, no puede esperar a que termine un trámite partidista. Es ahí donde el discurso de normalidad electoral se enfrenta con el hecho verificable de dos personas asesinadas.
El ataque y lo que todavía no está probado
Según la información de la alcaldesa María Rojas Pineda recogida por Nación321, el ataque ocurrió la noche del martes 17 de noviembre, cuando las víctimas regresaban de una asamblea comunitaria. La autoridad municipal confirmó el fallecimiento de ambas personas y la aspiración política que Concepción había expresado públicamente.
La publicación sitúa el ataque entre Arroyo Grande y Junta de Arroyo Grande. Lo confirmado en esa información es el doble homicidio; no una candidatura formal aprobada ni el móvil del crimen. Identificar a una víctima como militante o aspirante de Morena no permite concluir, por sí solo, quién ordenó el ataque o si tuvo una motivación electoral.
En Primer Plano, en una cobertura de Yasmín García, reportó que al momento de la entrevista no había detenidos y que el subsecretario remitió el caso a los actos de investigación de la Fiscalía. Ese estado de la pesquisa corresponde al corte del 18 de noviembre, no a una garantía de que no pueda cambiar.
El mapa pendiente y la respuesta oficial
El Gobierno estatal dice estar dispuesto a proporcionar protección y trabajar con autoridades electorales y corporaciones de seguridad. Su respuesta disponible está incorporada en esas entrevistas: comunicación institucional, investigación ministerial y elaboración del diagnóstico. Las fuentes revisadas no publican un mapa terminado ni detallan un dispositivo específico para proteger a las personas vinculadas con este caso.
El problema de seguridad tiene otros antecedentes que este medio ha documentado, entre ellos la exigencia de justicia por el periodista Eduardo Flores y el reclamo de habitantes de Tilapa ante el Gobierno estatal. Son conflictos distintos: no existe base para atribuirles los mismos responsables.
La administración morenista debe explicar resultados de prevención, no sólo la circulación de oficios. Que un riesgo no figure en los reportes recibidos no convierte en seguro el camino por el que ya fueron asesinadas dos personas.







