La Academia Internacional de Capacitación Policial anunciada por el gobierno de Querétaro con participación de Estados Unidos no cuenta todavía con el aval federal requerido para proyectos de cooperación en seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este martes 6 de octubre que la obra puede continuar, pero la colaboración extranjera deberá pasar por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.
Academia policial de Querétaro: el aviso no bastó
El gobernador Mauricio Kuri y el embajador estadounidense Ronald Johnson colocaron el 2 de octubre la primera piedra del centro, proyectado dentro del complejo Rhino de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal. Durante el acto, Johnson afirmó que Estados Unidos y Querétaro ampliaban su cooperación en seguridad, mientras el gobierno estatal presentó el espacio como un centro especializado para detectar drogas, armas, dinero ilícito y contrabando.
El problema surgió porque el oficio enviado por Kuri a la Cancillería el 23 de septiembre sólo notificó la visita del diplomático. El documento, recibido dos días después, sostuvo expresamente que el encuentro sería protocolario y que no implicaría mecanismos directos de cooperación internacional en seguridad. La postura atribuida a la SRE señaló que, por el alcance anunciado públicamente, el proyecto debió solicitar antes el visto bueno del Grupo de Alto Nivel de Seguridad (GANSEG).
La diferencia no es menor: una cosa es informar sobre la agenda de un embajador y otra formalizar capacitación, equipamiento o intercambio con agencias extranjeras. Sheinbaum sostuvo que los estados carecen de personalidad jurídica internacional para comprometer al país y que los convenios de esa naturaleza deben conducirse por medio del Ejecutivo federal.
Sheinbaum exige regularizar la cooperación con Estados Unidos
En su conferencia matutina, la presidenta afirmó que la academia “no tiene autorización” en sus términos actuales. De acuerdo con La Jornada, pidió tanto a Kuri como a Johnson respetar las leyes mexicanas y someter el esquema a revisión. También aclaró que la instalación sí podría operar una vez cumplido el procedimiento.
La propia Presidencia informó que entre diciembre de 2021 y el 4 de octubre de 2026 fueron identificados nueve proyectos de cooperación de Querétaro con agencias estadounidenses que sí obtuvieron el aval del GANSEG: ocho relacionados con la Fiscalía estatal y uno con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ese antecedente debilita el argumento de que el trámite era desconocido para la administración local.
El gobernador ha defendido que notificó la visita y que busca mejorar la preparación de los policías. El proyecto contempla una inversión estatal de 30 millones de pesos, una superficie de 1,084 metros cuadrados, tres garitas de inspección, laboratorio y áreas de monitoreo, según la información difundida sobre la obra. La construcción tendría que terminar en enero de 2027.
Una contradicción documentada que exige transparencia
La controversia no cuestiona por sí misma la necesidad de profesionalizar a las corporaciones, sino la discrepancia entre lo comunicado por escrito y lo anunciado en público. El oficio descartó cooperación directa, pero el embajador habló de ampliar esa cooperación y autoridades estatales describieron capacitación especializada con agencias estadounidenses.
El episodio ocurre mientras el Gobierno federal intensifica la coordinación fronteriza con Washington, como mostró el reciente despliegue de 500 militares en la llamada Operación Espejo. Esa política vuelve más importante que los acuerdos estatales tengan reglas claras, responsables identificables y autorización verificable.
La Cancillería ofreció acompañar a Querétaro para realizar las gestiones correspondientes. El paso siguiente será conocer si el GANSEG aprueba el proyecto tal como fue presentado, impone condiciones o limita la intervención de agencias extranjeras. También queda pendiente que el gobierno estatal publique los términos concretos del apoyo estadounidense, incluidos capacitadores, equipo, financiamiento y controles sobre el intercambio de información.
La exigencia de transparencia alcanza a todos los actores. En un contexto de competencia política rumbo a 2027, marcado también por renuncias y movimientos partidistas, el caso no debería reducirse a un choque entre Morena y el PAN: la pregunta central es quién autorizó la cooperación, bajo qué reglas y con qué mecanismos de rendición de cuentas.







