Alberto Amaro cubre una protesta en Tlaxcala el 8 de octubre de 2026. Foto: AP / Eduardo Verdugo.
Alberto Amaro sigue ejerciendo el periodismo entre amenazas y disputas por las medidas de protección de su familia. Un reportaje de AP publicado el 12 de noviembre volvió a exponer su caso, documentado por Amnistía Internacional en 2026. El expediente coloca bajo escrutinio al Mecanismo federal dependiente de Gobernación: estar inscrito no significa estar a salvo.
Amaro: amenazas en 2026 y una protección cuestionada
La acción urgente de Amnistía Internacional del 6 de octubre registra amenazas contra Amaro y su familia, con un episodio reciente situado en septiembre. La organización considera inadecuadas las medidas adoptadas por el Estado y advierte sobre la posibilidad de retirar la protección familiar. Se trata de su evaluación del caso, no de una resolución judicial que establezca responsabilidades penales.
El documento AMR 41/1541/2026 precisa que la Junta de Gobierno del Mecanismo decidió en mayo retirar las medidas para la familia, alegando que no enfrentaba un riesgo elevado. También indica que Amaro impugnó esa decisión y que, al publicarse la acción urgente, su familia todavía contaba con protección.
La diferencia es esencial: no hay base para afirmar que hoy quedó completamente sin escoltas. Lo documentado es una controversia sobre la suficiencia y continuidad de las medidas, mientras persisten las denuncias de peligro. Tampoco corresponde presentar un hecho narrado años después como una agresión nueva.
El resguardo no debería convertirse en otra batalla
Una acción previa de Amnistía, fechada el 26 de mayo, identifica una amenaza recibida por Facebook el 4 de mayo de 2026. Explica que las intimidaciones están vinculadas a su labor y que el periodista salió temporalmente de México entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025.
El costo de una protección insuficiente rebasa la asignación de personal de seguridad: alcanza la vida familiar, la posibilidad de seguir trabajando y la permanencia en la comunidad donde se investiga. Una salida del país puede reducir una exposición inmediata, pero también separa al reportero de sus fuentes y de su entorno.
AP informó que solicitó entrevistas al Mecanismo; un funcionario declinó y las peticiones posteriores no recibieron respuesta. Esa es la reacción institucional consignada en su reportaje del 12 de noviembre. La ausencia de entrevista no prueba por sí sola una infracción; sí deja sin explicación pública, en esa cobertura, las fallas señaladas.
Las advertencias al gobierno no empezaron este año
En marzo de 2024, el Comité para la Protección de los Periodistas y Amnistía presentaron una investigación que ya incluía el caso de Amaro. Documentaron problemas de evaluación de riesgo, comunicación con beneficiarios y reducción o retiro de medidas pese a amenazas. Sus recomendaciones incluyeron formación del personal, financiamiento adecuado y mayor coordinación con quienes investigan los ataques.
Es un antecedente de 2024, no una estadística nueva de 2026. Pero muestra que las alertas eran conocidas antes de la actual administración federal. Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, heredar una institución con deficiencias no elimina la responsabilidad de corregir su funcionamiento.
La exigencia es proteger antes de que la violencia se consume, no limitarse a administrar expedientes. También atraviesa otros reclamos recientes de seguridad para personas amenazadas y de resultados verificables de las políticas de seguridad, aunque sean casos y poblaciones distintos. En el expediente de Amaro, la prueba del cumplimiento será que él y su familia puedan vivir y trabajar sin pelear constantemente por el resguardo que necesitan.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
