Reporteros Sin Fronteras (RSF) documentó 169 asesinatos de periodistas en México entre 2006 y 2026, y concluyó que 168 no han sido esclarecidos por completo. El balance, presentado este 22 de octubre en Ciudad de México, exhibe un nivel de impunidad superior al 99% y concentra la responsabilidad pendiente en fiscalías, gobiernos estatales y autoridades federales.
Asesinatos de periodistas: 168 casos sin esclarecer
El monitoreo de Reporteros Sin Fronteras calcula un promedio de ocho comunicadores asesinados cada año. La organización sostiene que México acumula la serie más prolongada de crímenes contra la prensa en un país que no está formalmente en guerra.
La violencia se concentra fuera de las redacciones nacionales: 166 de las 169 víctimas, equivalentes al 98%, trabajaban en medios locales, portales, radio, prensa escrita o redes sociales. Al menos 34 fueron torturadas antes de ser asesinadas. Además, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas reúnen la mitad de los casos documentados.
El riesgo se relaciona directamente con los temas investigados. RSF encontró que 59% de las víctimas cubría al crimen organizado y 46% informaba sobre política. La combinación coloca en peligro a quienes documentan corrupción, contratos públicos, economías ilegales y vínculos entre autoridades locales y grupos delictivos.
Las investigaciones fallan desde las primeras horas
Propuesta Cívica, organización aliada de RSF, identificó pérdida o conservación deficiente de pruebas, líneas de investigación incompletas, falta de análisis de contexto y escasa coordinación institucional. Incluso cuando existe una condena, suele alcanzar al autor material y no a quien ordenó el ataque.
Las cifras judiciales muestran esa brecha. Entre julio de 2010 y junio de 2026, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión abrió 1,909 investigaciones; únicamente 53 terminaron en sentencias condenatorias y sólo 11 correspondieron a asesinatos de periodistas.
El registro de ARTICLE 19 contabiliza 181 periodistas asesinados desde 2000 en posible relación con su labor informativa. La diferencia frente a RSF responde al periodo y a los criterios de documentación, pero ambas organizaciones coinciden en el patrón de violencia e impunidad. El resultado se suma al reciente deterioro del Estado de derecho en México y obliga a medir el desempeño de las fiscalías con resultados, no sólo con expedientes abiertos.
Gobierno reconoce retrasos y promete revisar los casos
RSF informó que, de los 22 compromisos firmados por Claudia Sheinbaum en 2024 para fortalecer la libertad de prensa, sólo 27% registró algún avance y ninguno fue considerado significativo. La organización contabiliza 18 periodistas asesinados durante los dos primeros años de la actual administración.
En una reunión celebrada el 21 de octubre, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció retrasos y pidió a la fiscalía especial revisar cada homicidio para identificar los obstáculos. También planteó acelerar la descentralización de la protección a periodistas. La fiscal general Ernestina Godoy ofreció reforzar la capacitación ministerial e incluir el asunto en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de 2027, según el balance presentado por RSF.
El reconocimiento oficial es apenas un punto de partida. La revisión deberá producir responsables identificados, sentencias contra autores intelectuales, mapas públicos de riesgo y protección antes de que las amenazas se conviertan en ataques. Como ocurre en las investigaciones sobre posibles abusos contra manifestantes y reporteros, la transparencia de los expedientes será indispensable para evaluar si el Estado rompe el ciclo de impunidad o vuelve a administrarlo.







