Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Ciudad de México. Foto: ProtoplasmaKid / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.
El Estado de derecho en México volvió a deteriorarse en 2026: el país cayó al puesto 125 de 143 naciones y jurisdicciones evaluadas por el World Justice Project (WJP). La baja importa porque exhibe rezagos especialmente graves en justicia penal, corrupción, seguridad y justicia civil, áreas que condicionan la rendición de cuentas y el acceso efectivo a las instituciones.
El informe específico para México, difundido el 21 de octubre, registró una caída anual de 2.7% en la puntuación nacional. México quedó en el lugar 28 de 32 en América Latina y el Caribe, y en el 43 de 44 entre países de ingresos medios-altos. El indicador general fue de 0.39 en una escala de cero a uno, donde uno representa mayor apego al Estado de derecho.
Estado de derecho en México: justicia y corrupción, al fondo
Los peores resultados se concentran en justicia penal, donde México ocupó el lugar 139 de 143; ausencia de corrupción y justicia civil, ambos en el 135; y orden y seguridad, en el 132. En cumplimiento regulatorio apareció en el 118 y en límites al poder gubernamental, en el 109. Su mejor posición fue gobierno abierto, en el sitio 57, aunque el resultado no compensa el deterioro de los demás componentes.
La ubicación en justicia penal coloca al país apenas cuatro posiciones por encima del último lugar mundial. El dato ofrece contexto para expedientes que exigen controles sólidos y debido proceso, como la acusación por desaparición forzada contra Hernán Bermúdez. El índice no evalúa casos individuales ni sustituye sentencias: mide experiencias y percepciones mediante encuestas comparables.
Libertades y contrapesos también retroceden
El WJP señaló que México forma parte de los países con deterioro en libertad de opinión y expresión, libertad de reunión y asociación, participación cívica y límites judiciales al poder gubernamental. Ese diagnóstico cobra relevancia en medio de debates sobre normas que pueden afectar la crítica pública, como la reforma apodada “ley antimeme” y la falta de un blindaje expreso para la sátira política.
El retroceso mexicano ocurre dentro de una tendencia global: 62% de los países evaluados empeoró, frente a 38% que mejoró. En su balance mundial de 2026, la organización atribuyó buena parte del deterioro a una reducción del espacio cívico, al debilitamiento de contrapesos y a la injerencia indebida del poder ejecutivo en los sistemas de justicia.
Qué mide el índice y cuáles fueron las mejoras
El estudio se construye con más de 215 mil encuestas a hogares y 3 mil 400 consultas a profesionales y expertos en 143 países. Evalúa ocho factores: límites al poder, corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Por ello, funciona como una medición comparativa, no como una auditoría de cada institución.
El reporte también identificó avances puntuales para México: mejoró 5.7% en igualdad de trato y ausencia de discriminación, 2.7% en garantías efectivas de derechos laborales y 3.5% en procedimientos administrativos sin demoras injustificadas. Además, aumentaron el acceso y la asequibilidad de la justicia civil y la ausencia de discriminación en ese ámbito.
Esas mejoras, sin embargo, coexistieron con una caída global y con posiciones muy bajas en los componentes que determinan si las investigaciones prosperan, si el poder tiene controles y si la ciudadanía obtiene justicia. El perfil comparativo de México muestra que el desafío no se limita a un solo poder público: atraviesa seguridad, procuración de justicia, tribunales, regulación y combate a la corrupción.
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
