En una sesión marcada por tensiones y bloqueos, Morena y sus aliados consiguen la aprobación de la controvertida iniciativa del presidente López Obrador, pese a críticas internas e internacionales.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con 359 votos a favor, 135 en contra y sin abstenciones. La votación, que tuvo lugar en una sede alterna debido a bloqueos de trabajadores judiciales en la Cámara, representa un importante avance para la iniciativa, que busca cambiar profundamente el sistema de justicia en México. La polémica reforma ahora pasará al Senado, donde se anticipa otro debate intenso en los próximos días.
Un debate polarizado
La jornada de discusión, que se extendió por más de 12 horas, reflejó la fuerte polarización en torno a esta reforma. El bloque oficialista, encabezado por Morena, logró reunir la mayoría calificada necesaria para avalar la reforma constitucional, que introduce cambios trascendentales como la elección popular de jueces y ministros.
Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es precisamente el mecanismo de selección de jueces y ministros, que pasarán a ser elegidos por voto popular a partir de listas de candidatos presentadas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, con Estados Unidos y Canadá expresando reservas respecto al impacto que podría tener en la estabilidad jurídica y económica del país.
Reacciones y preocupaciones internacionales
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, manifestó su inquietud por las posibles repercusiones que la reforma podría tener sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la seguridad jurídica de las inversiones en el país. Por su parte, el presidente López Obrador ha calificado estas críticas como injerencistas y ha defendido la reforma como un paso necesario para combatir la corrupción en el sistema judicial.
El mandatario mexicano ha señalado que algunos jueces y ministros han actuado de manera favorable a intereses privados y han bloqueado reformas clave en sectores estratégicos. En su visión, la reforma garantizará mayor transparencia y una justicia más cercana a la ciudadanía.
Los puntos clave de la reforma
La reforma al Poder Judicial incluye modificaciones sustanciales al proceso de nombramiento de jueces, magistrados y ministros, así como a la estructura del propio sistema judicial. Entre las principales propuestas destacan:
- Elección ciudadana de jueces y ministros: Se elimina el requisito de 35 años de edad mínima para ser ministro o juez, pero se exige un título en derecho y un promedio mínimo de 8.0 para los candidatos.
- Plazo máximo en asuntos tributarios: Los jueces tendrán un plazo de seis meses para resolver casos tributarios, bajo la supervisión del Tribunal de Disciplina Judicial, un nuevo órgano creado por la reforma.
- Reducción del número de ministros: La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) verá reducido su número de ministros de 11 a 9, con una rotación bianual de la presidencia.
- Reducción en el periodo de servicio de los ministros: Los ministros de la SCJN tendrán ahora un mandato de 12 años, en lugar de 15, y perderán el derecho a haber por retiro.
Estas modificaciones, que afectarán profundamente la administración de justicia en México, también incluyen la creación de un Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, mediante el cual se elegirán los primeros jueces y ministros por voto popular, quienes asumirán sus cargos en septiembre de 2025.
El papel del INE y las campañas electorales
El Instituto Nacional Electoral (INE) será responsable de organizar los procesos electorales para jueces y ministros. Las campañas, según la reforma, no podrán recibir financiamiento público o privado, y los candidatos tendrán 60 días para promocionarse, sin posibilidad de contratar espacios en medios de comunicación.
Con la entrada en vigor de estos cambios, el Poder Judicial mexicano experimentará un proceso de renovación sin precedentes, con la participación directa de los ciudadanos en la elección de los responsables de impartir justicia.
Las próximas etapas y el futuro de la reforma
La aprobación en lo general es solo el primer paso para que la reforma se convierta en realidad. Ahora, el Senado debe discutir y votar el dictamen en los próximos días, donde el oficialismo necesita un voto más para alcanzar la mayoría calificada. La incertidumbre sobre el destino de esta reforma persiste, y las preocupaciones expresadas por diversos sectores podrían influir en el resultado final.
Si el Senado aprueba la reforma, se consolidará uno de los cambios más importantes en la estructura judicial de México en décadas. Las críticas sobre la politización del Poder Judicial y el posible impacto en la economía del país continuarán siendo temas de debate en los próximos meses, mientras se observa si estas modificaciones lograrán los objetivos de transparencia y justicia planteados por el gobierno.