Imagen ilustrativa de un campo de golf en México. Foto: Miedmoma/Wikimedia Commons (CC0).
Un proyecto para construir un cuarto campo de golf en San Miguel de Allende, Guanajuato, abrió un nuevo conflicto por el uso del agua y el crecimiento inmobiliario. La gobernadora Libia Dennise García afirmó que la obra no tiene autorización, mientras habitantes y ambientalistas exigen información sobre el predio, los permisos y el impacto sobre un acuífero sobreexplotado. El caso importa porque enfrenta la expansión urbana con el abasto de una ciudad patrimonial.
Campo de golf en San Miguel: permisos aún pendientes
La controversia comenzó después de que la exgolfista Lorena Ochoa difundiera en septiembre de 2025 imágenes relacionadas con el diseño del proyecto. Su equipo aclaró después que Ochoa no es propietaria del terreno ni del desarrollo: la firma de diseño de la que es socia fue contratada por el dueño del predio. También sostuvo que la iniciativa está en etapa de anteproyecto, que las autorizaciones siguen pendientes y que los aspectos ambientales continúan bajo revisión.
La gobernadora panista Libia Dennise García declaró el 18 de septiembre que no existe autorización para construir un nuevo campo de golf en el municipio. El alcalde priista Mauricio Trejo había señalado meses antes que el proyecto carecía de factibilidad; sin embargo, el 16 de septiembre dijo que el gobierno local respetará los desarrollos que cumplan la ley y resulten viables y sustentables.
Esas respuestas dejan una obligación inmediata de transparencia. El Ayuntamiento y el Gobierno de Guanajuato deben precisar qué trámites se han presentado, quién promueve formalmente la obra, qué uso de suelo tiene el polígono y de dónde saldría el agua. Decir que no hay permiso reduce la incertidumbre sólo de manera temporal si no se publican los expedientes que permitirían vigilar cada autorización.
Un acuífero bajo presión y tres campos ya operando
La zona norte y noreste de Guanajuato depende de la Cuenca de la Independencia, también llamada cuenca alta del río La Laja. Un reporte publicado por EL PAÍS documenta que la región enfrenta sobreexplotación desde hace alrededor de tres décadas y que la presión sobre el agua se ha agravado con la expansión inmobiliaria y productiva.
San Miguel de Allende ya cuenta con tres instalaciones de este tipo: Malanquín, Zirándaro y Ventanas de San Miguel. La posible cuarta obra estaría junto al Jardín Botánico El Charco del Ingenio, un complejo ecológico y cultural. Su director, Mario Hernández, señaló que la información conocida por la organización ubica el plan dentro de un polígono aproximado de 500 hectáreas.
Hernández sostiene que la propuesta no se limitaría a 18 hoyos, sino que incluiría vivienda, viñedo, comercios y gasolineras. Esa versión todavía requiere documentos oficiales que definan el alcance real. Precisamente por ello, la evaluación no puede reducirse al consumo de agua del campo: debe considerar el desarrollo completo, su densidad, movilidad, servicios y efectos acumulados.
La protección patrimonial también está en juego
La ciudad y el Santuario de Atotonilco están inscritos desde 2008 en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Ese reconocimiento no congela a San Miguel, pero obliga a que la planeación urbana preserve su integridad y su entorno. La proximidad del proyecto a una zona ecológica vuelve indispensable evaluar no sólo la disponibilidad de agua, sino también paisaje, biodiversidad y presión sobre servicios públicos.
El debate ocurre mientras Guanajuato enfrenta otros problemas de supervisión pública, como mostró la investigación sobre empresas señaladas en el mercado de combustibles. En materia ambiental, la fiscalización también exige documentos verificables, no únicamente declaraciones. A escala nacional, la discusión coincide con cuestionamientos al presupuesto climático de México y la capacidad institucional para prevenir daños.
Lo que falta por transparentar
Antes de cualquier autorización, las autoridades tendrían que publicar la manifestación de impacto ambiental, la factibilidad hídrica, el dictamen de uso de suelo, el plan maestro y las medidas de protección al Charco del Ingenio. También deberían abrir una consulta pública con información técnica comprensible y plazos claros.
La declaración de que el campo de golf en San Miguel aún no tiene permiso no equivale a cancelar el proyecto. La prueba de rendición de cuentas será si los gobiernos municipal y estatal hacen públicos los expedientes, explican el costo hídrico de todo el desarrollo y garantizan que el acceso al agua de la población pese más que cualquier inversión privada.
Imagen destacada: fotografía ilustrativa de un campo de golf en México. Crédito: Miedmoma/Wikimedia Commons (CC0).
Enrique Muñoz es periodista y editor de Enrique Muñoz News. Su trabajo se enfoca en la cobertura de Tamaulipas, la política nacional y los acontecimientos de interés público en México. En este sitio publica noticias, entrevistas, análisis y opinión.
